El reto de la inmigración divide a Europa

Los primeros pasos de la política común europea de inmigración son más que inciertos. El síndrome del 11-S y, sobre todo, las resistencias de los gobiernos a ceder soberanía también en este terreno están paralizando los planes que ellos mismos se comprometieron a lanzar hace más de cinco años. Además, el Parlamento Europeo planea recurrir la primera y única directiva europea aprobada hasta ahora sobre la inmigración legal por considerarla un retroceso. A la vez, en las instituciones de Bruselas se vive un profundo malestar por la minicumbre de esta pasada semana de los cinco grandes de la UE, que optaron por pactar unos acuerdos al margen de la Unión.

Europa necesita a los inmigrantes para afrontar su declive demográfico y para cubrir más de millón y medio de empleos, como repite una y otra vez la Comisión. La mayor presión migratoria de la Unión la soporta en este momento España, donde en sólo una década se ha triplicado el número de extranjeros y donde, desde hace tres años, se registra el mayor incremento de nuevos ciudadanos.

En Bruselas hay malestar por la 'minicumbre' en la que se pactaron acuerdos al margen de la UE

Por encima de las estadísticas de uno u otro país, el problema de la presión migratoria, legal o clandestina, afecta a toda Europa en su conjunto y, por tanto, nadie duda de que debe ser abordado en común. Por eso, algunos socios del club han criticado que Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España pactaran esta semana unas medidas de control de la inmigración clandestina que en gran parte ya están en marcha en el seno de la Unión. El viernes, en una reunión de trabajo de los 15 embajadores ante la UE, el representante belga pidió explicaciones a la presidencia italiana de turno.

"Esa minicumbre es llamativa: primero, porque no coincide con la agenda del Consejo de la UE y, segundo, porque la organizan países que, como España, insisten públicamente en que la inmigración debe gestionarse desde Europa. Más que una cooperación reforzada, es un boicoteo reforzado a la política común europea", clama la eurodiputada Anna Terrón i Cusí, portavoz socialista en el Parlamento Europeo de Justicia e Interior.

En la Comisión Europea molesta la iniciativa, aunque se muestran más resignados. "Vamos a ver cada vez con mayor frecuencia este tipo de reuniones", dice un experto. "Habrá que esperar a que entre la Constitución en vigor para que estos asuntos se puedan aprobar por mayoría cualificada y no por unanimidad como ahora. Entonces, sólo la Comisión tendrá la iniciativa y será más fácil llegar a acuerdos". Porque, hasta ahora, recuerdan, sólo uno o dos países (Alemania y Austria, fundamentalmente) han bloqueado casi todas las iniciativas en esa materia para no ceder soberanía.

Mientras, la incertidumbre de los primeros pasos tiene su reflejo en la primera directiva europea ya aprobada, la de reagrupación familiar, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) el 3 de octubre pasado. La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo planea un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo contra una norma aprobada sin consultarle que supone, creen, un retroceso social y jurídico al permitir la denegación de la reunificación familiar a los niños mayores de 12 años que no cumplan determinados requisitos de integración.

El problema no es sólo la cesión de soberanía. Controlar los flujos migratorios requiere importantes inversiones que los países contribuyentes netos de la Unión (Alemania, Suecia, Holanda, Reino Unido) se resisten a afrontar.La UE quiere acordar, por ejemplo, antes de final de año, un fondo de readmisiones de 250 millones de euros para 2004-2006. Con ese dinero, ayudaría a los países exportadores de inmigrantes a hacerse cargo de los ciudadanos clandestinos interceptados. El problema, según las fuentes consultadas, es que esos países terceros tienen poco interés en colaborar. Ecuador obtiene ya más divisas a través de sus ciudadanos emigrados legal o ilegalmente que a través de las ventas de su petróleo. A Marruecos también le sale más rentable su población asentada en el exterior que sus ingresos por turismo.

Sin embargo, el sistema parece funcionar cuando se desarrolla adecuadamente. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ha convertido en su principal defensor dados los excelentes resultados que ha cosechado tras los acuerdos de readmisión suscritos con Túnez y Albania. La presión de inmigrantes clandestinos de estos dos países ha cesado prácticamente gracias a unos acuerdos que establecen cuotas de inmigración legal y ayuda sobre el terreno. Incluso hay dotaciones policiales italianas asentadas en suelo albano.

De ahí la propuesta italiana de instaurar en Europa un sistema global de cuotas del que se viene hablando desde hace años sin que llegue a concretarse. Berlín rechaza la posibilidad de que, en el futuro, le fijen desde el exterior esas cuotas. Los nórdicos califican de "discriminatoria" la iniciativa porque sospechan que algunos países dejarán claro, por ejemplo, que rechazan a inmigrantes subsaharianos o de origen musulmán.

La Comisión, pese a todo, considera que hay que trabajar en esa línea. Cada país, según ese proyecto comunitario, definiría anualmente el perfil de los inmigrantes que necesita y en qué cantidad. "Sinceramente, no creo que esta idea salga adelante porque es de difícil aplicación a nivel europeo", dice una fuente diplomática. El comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, está trabajando en una propuesta global que presentará la próxima primavera.

Fórmulas anteriores ya han fracasado. Hace un año, en la cumbre de Sevilla, los Quince decidieron que, en todo acuerdo de cooperación con terceros países, se incluiría una cláusula que implicaría la gestión conjunta de los flujos migratorios y la readmisión de clandestinos. A cambio, Europa aportaría apoyo económico a las regiones de origen de los inmigrantes. En un año, la UE sólo ha firmado acuerdos de ese tipo con Hong-Kong y Macao, y quizá lo logre en 2004 con Sri Lanka. Ninguno de ellos es importante en el flujo migratorio hacia la UE.

"Todo esto lleva tiempo, hay que tener paciencia", explica un experto de la Comisión en el Magreb. "Con Marruecos las cosas están funcionando bien. Ahora tenemos un proyecto de cinco millones de euros para formar allí a los candidatos a emigrar a Europa en función de lo que los empleadores necesitan", explica. Hay otras iniciativas sobre la mesa, como la posibilidad de garantizar la acogida a las víctimas de trata de seres humanos, crear una agencia de fronteras, instituir el estatuto de residentes extranjeros de larga duración, gestionar conjuntamente el flujo de refugiados e introducir en los visados datos biométricos.

Entretanto, y mientras los políticos y los técnicos se enredan en discusiones interminables, más de un millón de sin papeles intentan cada año, muchas veces con éxito, entrar en la fortaleza europea.