Acoso al extranjero sin documentos

"No puede ser igual tener papeles que no tenerlos", afirma el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, autor y ejecutor de una severa política para dar fin a la tolerancia ejercida por anteriores gobiernos. Se traduce en redadas masivas aleatorias, aceleración de las expulsiones colectivas y leyes enteramente nuevas para restringir el derecho de asilo y endurecer las condiciones en que se puede vivir en Francia.

Cuando el actual Gobierno de derechas llegó al poder, hace 17 meses, había 500 personas retenidas cada día en la zona de extranjeros del aeropuerto parisiense Charles de Gaulle; ahora no llegan a los 200. El objetivo es expulsar entre 30.000 y 40.000 personas cada año, el equivalente al "cupo" de clandestinos que el Gobierno supone que entra anualmente en Francia. El centro de refugiados del Canal de la Mancha fue cerrado sin contemplaciones y la policía multiplica los controles sobre quienes le parecen sospechosos.

Las estimaciones de la inmigración irregular se elevan a 300.000 personas

Francia es un país con un porcentaje importante de población extranjera o de origen inmigrante. El 31 de diciembre de 2002 había 3.349.908 personas con carné de residente o permiso de residencia temporal en el territorio metropolitano (habitado por 59 millones de personas), de ellos un tercio de ciudadanos comunitarios y otro de magrebíes. Las estimaciones de la inmigración irregular se elevan a 300.000 personas y "es verosímil que la realidad sea muy superior", según el senador Jean-Patrick Courtois, ponente de la ley de inmigración, en trámite parlamentario.

El número de los detenidos en las fronteras interiores y enviados otra vez a Italia y España es estable: 16.000 cada año, desde 2000 a 2002. Pero los franceses no saben si prueba la eficacia de las policías de los "países de tránsito" (España e Italia) o la debilidad de sus controles. A diferencia de la costa española, donde los magrebíes y subsaharianos son mayoría, las redes introducen en Francia kurdos, chinos y ciudadanos de Sri Lanka. La inmigración magrebí y africana es más numerosa, pero también más "familiar": muchos se convierten en irregulares tras haber llegado con un visado turístico de corta duración. Al experto citado le llama la atención que en 1996 se concedieran 48.000 visados a argelinos, cifra que en 2001 había subido hasta los 277.000.

La inmigración constituye uno de los temas favoritos de la extrema derecha, que propugna no sólo la expulsión de los ilegales, sino hacer la vida imposible a todo extranjero. Así, el caudillo ultra Jean-Marie Le Pen sostiene la "preferencia nacional" a la hora de contratar y la obligatoriedad de despedir a los extranjeros, antes de que una empresa prescinda de un francés.

Sarkozy intenta situarse en medio de lo que él llama "los dos integrismos", el de la extrema derecha y el de las asociaciones de derechos humanos, que protestan contra los controles de la inmigración y el endurecimiento de las condiciones de asilo.

El Gobierno francés ha multiplicado los acuerdos "de reciprocidad" con los países que son fuente de inmigrantes, como Rumania y Bulgaria o los países subsaharianos que fueron colonias de Francia. En un intento de desanimar a futuros aspirantes, los focos de la televisión se ceban en las redadas de rumanos, enviados en grupos de a decenas a su país de origen salvo cuando algún juez se opone in extremis en nombre de un vicio de procedimiento, situación que Sarkozy estigmatiza cuando se produce.

Frente a esta ostentación de firmeza, el Gobierno de París ha renunciado a medidas más duras. Por ejemplo, ya no exige expulsar del territorio a los extranjeros cuando salen de prisión, salvo si se trata de terroristas o condenados por atentar contra la seguridad del Estado, lo cual hace que nada cambie para los etarras. La presión de la izquierda ha hecho que el Gobierno renuncie al proyecto de sancionar con 3.750 euros al extranjero que trabaja "en negro", aunque sigue siendo susceptible de expulsión.

La espita del derecho de asilo también está a punto de cerrarse. Una nueva ley reduce a dos meses el plazo de decisión sobre los demandantes de asilo, procedimiento que hasta ahora representaba una media de dos años. Los jóvenes que estudian en Francia desde los 16 años y los investigadores tendrán derecho a permisos de residencia de hasta cuatro años para no interrumpir sus estudios o sus actividades docentes. Por el contrario, se endurecen las condiciones para obtener un permiso de residencia de 10 años, hasta ahora condicionado a haber pasado tres años en Francia y desde ahora elevado a cinco. También se eleva de uno a dos años el tiempo de matrimonio para que el cónyuge tenga derecho a pedir la residencia.

Todo esto marca un cambio fundamental en el país que fue llamado "tierra de asilo". Hay un retroceso evidente del deseo de "vivir juntos" y una aceptación de la "lepenización de los espíritus", de forma que se da crédito a la teoría de que la delincuencia, el paro y hasta las dificultades para financiar las pensiones se deben a haber admitido a demasiados extranjeros. Contra ese sentimiento, las asociaciones de derechos humanos, tan escuchadas en otras épocas, actualmente predican casi en el desierto.