La posibilidad de la secesión

El nuevo Estatuto Político no agota las aspiraciones de sus promotores. El artículo 12 establece explícitamente que el régimen de libre asociación "no supone renuncia alguna de los derechos históricos del Pueblo Vasco, que podrán ser actualizados en cada momento en función de su propia voluntad democrática".

La libre decisión se traduce a renglón seguido en la potestad para las instituciones vascas de convocar referendos, tanto en lo relativo a las competencias de cada comunidad como a las relaciones en tres ámbitos: con otros "territorios y comunidades del Pueblo Vasco", con España y en el ámbito internacional. La consulta en referéndum se regulará mediante una ley del Parlamento vasco.

El texto deja (artículo 13.3) una vía abierta a la secesión y la independencia, siempre presentada como ejercicio de la libre decisión de los ciudadanos. Así, se establece que si éstos, "en consulta planteada al efecto", mostraran "su voluntad clara e inequívoca de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito europeo e internacional", reguladas en el presente texto, las instituciones vascas y las españolas "se entenderán comprometidas" a garantizar una negociación que materialice, "de común acuerdo", esa voluntad.

El Estatuto quiere comprometer legalmente no sólo a la Comunidad de Euskadi para la que se plantea, sino para toda España, planteando las relaciones mutuas en un régimen de garantías jurídicas basado en la lealtad institucional y la cooperación. Establece en ese sentido la salvaguarda de que el Estado no podrá aplicar unilateralmente el artículo 155 de la Constitución (obligar a una comunidad a cumplir las obligaciones legales) "ni dictar unilateralmente medidas coercitivas de cumplimiento obligatorio" para Euskadi.

Se crea una Comisión Bilateral entre las dos partes, de composición paritaria, para "armonizar" las actuaciones sobre proyectos de ley que afecten a derechos fundamentales, la cooperación normativa sobre las normas que puedan afectar al reparto competencial y la coordinación en materia de relaciones exteriores.

Los conflictos entre ambas partes serían resueltos por una nueva sala del Tribunal Constitucional, formada por seis magistrados de los que el Parlamento vasco nombraría a tres.