La nueva LOT elude la restricción a la urbanización de la franja litoral

La presión de los promotores inmobiliarios sobre el escaso tercio del litoral de la Comunidad Valenciana que todavía no ha sido urbanizado tendrá que adaptarse a criterios de sostenibilidad y utilización racional de los recursos naturales que fijarán futuros planes de actuación territorial. Pero el nuevo anteproyecto de ley de ordenación evita las restricciones a la clasificación de suelo en una franja de 500 metros desde el litoral que fijaba el texto presentado a finales de la pasada legislatura.

La Consejería de Territorio y Vivienda tiene previsto someter al próximo pleno del Consell un nuevo anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje que activa la intervención pública en proyectos de recuperación y mejora de zonas degradadas, define al milímetro el destino de los ingresos municipales derivados de la gestión urbanística del patrimonio público de suelo y marca criterios racionales para la gestión de recursos como el agua, los bosques o el paisaje. Como contrapartida, el nuevo texto legal elude la restricción directa de la urbanización de la franja litoral que regulaba el proyecto que fue aprobado a finales de la pasada legislatura.

La Consejería de Territorio y Vivienda Ambiente que ocupó Rafael Blasco cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat asumió como prioridad la elaboración de una ley que Eduardo Zaplana había anunciado en septiembre de 1998 y que José Ramón García Antón, titular de Obras Públicas y Urbanismo entre 1998 y 2003, sólo se decidió a someter al Consell a finales de la pasada legislatura, cuando ya no había tiempo material para tramitarla en las Cortes Valencianas.

El nuevo texto incorpora por primera vez en la legislación española directivas europeas sobre el agua o la gobernanza del territorio. Y define fórmulas de gestión territorial sostenidas sobre un fondo de equidad territorial que alimentarán, en parte, los ayuntamientos.

El anteproyecto establece figuras novedosas en la gestión del patrimonio de suelo municipal encaminadas a cumplir el objetivo de edificar 100.000 viviendas de protección oficial a lo largo de la presente legislatura y regula nuevas exigencias de cesión de suelo para los promotores de actuaciones sobre terrenos clasificados como urbanizables de carácter residencial.