Menores inmigrantes

La presencia, cada vez en mayor número, de menores de edad -adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años- entre la masa de inmigrantes indocumentados que pugnan por entrar en España acrecienta si cabe el drama humano de la inmigración irregular. La llegada creciente de inmigrantes menores de edad plantea a los países receptores responsabilidades muy específicas sobre su guarda y protección que no pueden darse de lado.

El problema ya no se circunscribe a los dos o tres centenares de menores marroquíes acogidos en Ceuta y Melilla, sino a los más de 6.000 menores inmigrantes llegados a diversos puntos de España en 2002, una cifra en clara progresión en lo que va de año, de lo que es muestra la patera con 29 menores

, sobre un total de 56 inmigrantes indocumentados, interceptada ayer en aguas de Tarifa (Cádiz). Si los centros de menores, pisos tutelados u hogares regentados por distintas organizaciones, son insuficientes para acoger a los menores autóctonos en situación de desamparo, cabe deducir los problemas que plantea dar hospitalidad a los nuevos llegados mientras se intenta contactar con sus familias o con los servicios de protección de menores de los países de origen, como exige la ley para proceder a su expulsión.

La responsabilidad del Gobierno español en la materia es evidente, y así se lo recordaron hace poco más de un año el Comité para los Derechos del Niño de la ONU y el propio Defensor del Pueblo español respecto de los menores inmigrantes no acompañados que llegan desde Marruecos a Ceuta y Melilla. Pero la responsabilidad marroquí no es menos evidente si se tiene en cuenta que el 75% -4.738- de los menores inmigrantes llegados a España en 2002 son de esta nacionalidad. A las numerosas peticiones de devolución de menores planteadas por las autoridades españolas en 2003, las autoridades de Rabat sólo han respondido positivamente en 13 casos. Es la estrategia inaceptable de dar la callada por respuesta.