Justicia denuncia ante la Fiscalía al testigo protegido del 'caso Brouard'

El Departamento de Justicia ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior vasco una denuncia contra el testigo protegido 2864 del caso Brouard, Miguel Navarro Salas, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o, en su caso, por los de estafa, falsedad de documentos y falso testimonio. El instructor de la investigación del asesinato del dirigente independentista concedió una asignación mensual de 3.000 euros al testigo protegido. Pese a cobrar un total de 124.374 euros, Navarro no se presentó a declarar en el juicio y aportó fichas falsas del Cesid.

El escrito, elaborado por una letrada del gabinete jurídico del Gobierno, fue remitido a la Fiscalía a finales del pasado septiembre. La denuncia recoge algunos de los extremos de la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia de Vizcaya críticos con la actuación de Navarro Salas y que sustentan ahora la denuncia de Justicia. La resolución, de la que fue ponente el magistrado Edorta J. Herrera, señalaba que el propio tribunal retiró la condición de testigo protegido a Navarro Salas "por su patente falta de voluntad de colaboración con la Justicia". Reconocía que el erario público había "subvencionado a una persona que dudosamente pudo creerse estuviera, desde un principio, dispuesta a concurrir al acto del juicio, y que ha vertido manifestaciones objetivamente increíbles".

Pero, sobre todo, la resolución judicial abría la puerta a una posterior actuación judicial contra él. "Sabida la traducción penal del engaño previo o concomitante para inducir a error procesal que determina un desplazamiento patrimonial injusto, en el otro extremo, por lo menos, existe un enriquecimiento sin causa de esta persona".

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el hecho de que Navarro Salas "no asistiera a las sesiones del juicio oral" y lo apuntado por la sentencia "revelan una conducta por parte de aquel testigo protegido que podría ser constitutiva" de varios delitos.En el capítulo de delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, la denuncia sostiene que el testigo protegido "falseó las condiciones requeridas para la concesión" de esa situación procesal para lograr unas "subvenciones y ayudas" de la Administración. Agrega que si no se puede aplicar este delito, la conducta de Navarro sería constitutiva de otro de estafa y anima a la Fiscalía a evaluar, "en relación con el engaño y el ánimo de lucro, que el testigo dejó de colaborar con la justicia y no asistió al juicio, una vez había dejado de recibir la ayuda".

El tercer bloque delictivo sería la falsedad de documentos que "haya podido presentar el testigo al juez", esto es, las supuestas fichas del Cesid que durante la vista no fueron reconocidas por su ex director Javier Calderón. En la vista, Calderón dijo: "Jamás he visto un documento de este tipo, ni un formato de este tipo", al mostrársele las fichas aportadas por Navarro al instructor del caso, José Luis González Armengol.

El cuarto bloque de delitos recogido en la denuncia son los realizados contra la Administración de Justicia por falso testimonio. La denuncia apunta que el testigo pudo faltar a la verdad, alterarla o "presentar conscientemente en el juicio elementos documentales falsos". La letrada desecha, en cambio, otro supuesto delictivo como la obstrucción a la Justicia por no comparecer ante el tribunal, "ya que no provocó la suspensión del juicio oral".

El departamento que dirige Joseba Azkarraga (EA) quiere que se contraste si la identidad del testigo protegido corresponde a la de Miguel Navarro Salas. Y, después, que se ordene a la policía judicial la localización del domicilio para "su citación y examen". El ex policía José Amedo ha denunciado a Navarro Salas, entre otros, por "contaminar el proceso" con "falsos testimonios y aportación de documentación falsa".