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Tribuna:

La nación y las naciones

Casi centenario, el historiador Pierre Vilar se fue de puntillas un día del pasado mes de agosto. Esta circunstancia limitó indudablemente el eco de su desaparición e hizo posible incluso que se publicaran extraños artículos necrológicos donde eran criticados trabajos suyos como Historia de España o La Guerra Civil española, de 1960 y 1986, respectivamente, ignorando incluso el tiempo de su publicación, fechada por el improvisado censor en los años setenta. En realidad, ambos libros ofrecían dos de las facetas más significativas de la obra de Vilar: su capacidad de síntesis, puesta en Historia de España al servicio de la necesidad de ofrecer a fines de los cincuenta una visión alternativa a la de la historiografía franquista, y en La Guerra Civil española, la voluntad de rehuir las interpretaciones cerradas, sustituyéndolas por un relato abierto, sembrado de intuiciones e interrogantes. Ello encajaba muy bien con la mezcla de rigor y de apertura que siempre caracterizó al talante intelectual de Pierre Vilar. Su condición de marxista, aristada en ocasiones por la fervorosa admiración hacia Stalin, no fue obstáculo para que percibiera la importancia de la escuela de los Annales, con la necesidad consiguiente de articular elementos procedentes del análisis político, de la demografía, de la psicología social, e incluso de la literatura, en la explicación del proceso histórico. Y tampoco impidió que en el orden de las relaciones personales fuese un liberal en sentido pleno, con un trato cordial y entrañable del que tantos pudimos disfrutar.

La sensibilidad intelectual, unida al hecho de haber vivido el ambiente político de la Segunda República, le llevó a percibir la importancia del tema de la nación tanto en Cataluña como en España. Como todos saben, su obra magna estuvo consagrada a estudiar la génesis de esa integración conflictiva, pero el tema fue asimismo abordado con menor extensión en otros escritos. El problema de fondo arrancaba para él de las limitaciones que afectaron a la formación del Estado liberal en la España de principios del siglo XIX, con los costosos traumas de la guerra de Independencia y de la consiguiente pérdida del Imperio en la América continental. De este modo, la modernización política tuvo lugar al mismo tiempo que se desmoronaban los pilares sobre los cuales debía asentarse su construcción. Tal y como más tarde explicara Peter Sahlins en su libro sobre las identidades en la Cerdaña, España no contó con recursos materiales comparables a los de Francia a la hora de integrar a los componentes minoritarios en el Estado-nación. El propio Pierre Vilar examinó esa disparidad al comparar los rasgos del nacionalismo en España y en Francia entre 1870 y 1914. El desastre del 98 habría sido el punto de partida de una profunda crisis en la conciencia patriótica: "Fue en su estructura de Estado-nación donde España resultó puesta en tela de juicio". De ahí arrancan las tensiones que llevaron al "drama del fracaso republicano y de la Guerra Civil". También "la transferencia de las sensibilidades patrióticas a las viejas entidades históricas catalana y vasca".

El artículo fue redactado coincidiendo con la puesta en marcha del Estado de las autonomías, y tal vez por eso la visión histórica pesimista sirve de prólogo a un augurio mucho más propicio, al haber tenido que afrontar con el tránsito a la democracia la respuesta a las demandas de las naciones étnicas: "La España de los años ochenta, en busca de un nuevo equilibrio entre sus autonomías, prefigura sin duda lo que puede ocurrir un día a Canadá, a Bélgica, quizás también a Francia y a la Gran Bretaña", sirviendo de modelo ante el nuevo siglo para la reorganización de Estados con base plurinacional. No era una estimación carente de fundamento, ni de alcance limitado a Europa. Hacia 1990 el entonces presidente turco Turgüt Ozal mostró su interés por el tratamiento en España de la cuestión vasca a efectos de su eventual aplicación al caso kurdo. Países como Argelia y Marruecos tienen sin resolver el problema bereber, y hoy mismo contemplamos las dificultades para conjuntar los tres componentes étnicos y religiosos del Estado iraquí. La profunda descentralización administrativa y el alto grado de autogobierno logrados, sin quebrar la cohesión económica, constituían en principio un aval suficiente para esa ejemplaridad.

Es preciso reconocer que en el terreno práctico marcharon bien las cosas a lo largo de este cuarto de siglo. De entrada, se vieron desmentidas las previsiones desfavorables en cuanto al coste de establecer un nuevo nivel administrativo entre la provincia y el Estado central: cuando se inició el proceso quedaba todavía un amplio margen para incrementar la presión fiscal y al transferir las competencias pudo tener lugar un trasvase correspondiente de recursos. Las personalidades regionales o de comunidad se han consolidado y los procesos de normalización lingüística hicieron olvidar los años en que estuvo vigente el monopolio para la lengua del imperio. En las comunidades con fuerte presencia nacionalista quedó estabilizada una identidad dual, con la mayoritaria de comunidad asociada a la española, y tampoco la vocación independentista superó la condición de minoría, ni en Cataluña ni, lo que suele olvidarse, en Euskadi. Paralelamente, la reacción centralista al pluralismo emergente fue mínima, por mucho que la nostalgia y las profesiones de fe heredadas siguieran impregnando al discurso conservador en el PP. Así, las previsiones de Pierre Vilar parecieron cumplirse.

No ha sucedido lo mismo en el plano simbólico, en parte por deficiencias del ordenamiento constitucional y en parte por la espada de Damocles que en todo momento representó el terrorismo de ETA, incidiendo eficazmente sobre la trayectoria del nacionalismo vasco democrático. En cuanto a lo primero, el temor de los constituyentes de orden ante el federalismo se tradujo en la ausencia de órganos que hicieran posible un debate horizontal de los problemas intercomunitarios. Como consecuencia, desde el ordenamiento financiero al trasvase del Ebro, todo conflicto de cierta gravedad revirtió en una sucesión de tensiones verticales entre cada comunidad y el Gobierno central, reflejadas en la multiplicación de recursos ante el Tribunal Constitucional y en la conciencia de víctima cada vez que una reclamación era desatendida. Los tres nacionalismos históricos, y en especial el catalán y el vasco, rivalizaron a la hora de presentar la situación propia como un paraíso posible sometido a los excesos de la centralización, lo cual por otra parte resultó compatible con prolongadas etapas de colaboración gubernamental con Madrid.

Sin el impacto del terror, directo sobre la actitud del PNV, indirecto sobre el catalanismo, tales roces hubieran cedido paso ante la necesidad de aunar fuerzas de cara a la participación en Europa. Con ETA aislada políticamente y una creciente cooperación policial entre España y Francia, hoy nos encontraríamos en el escenario descrito erróneamente por Maragall, de una presencia del terrorismo acotada a las páginas de sucesos. Ahora bien, por obra y gracia del viraje político dado por el PNV en la pasada década, tal previsión se ha vuelto imposible. La deriva soberanista, apuntada en 1995 y acentuada sorprendentemente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, dio lugar al retorno a los orígenes sabinianos y al reencuentro con ETA que supuso el Pacto de Lizarra. Luego el regreso del terror no alteró ni las coordenadas ideológicas ni la voluntad de acuerdo con el brazo político de los terroristas, a pesar de la retórica desplegada a partir del ¡ETA kanpora! El nacionalismo vasco había visto la luz a fines del siglo XIX para imponer la tradicional voluntad de exclusión de un pueblo escogido y romper con el Estado español. Cien años más tarde, con el plan Ibarretxe, esa proyectada fractura cobra forma de secesión escalonada, a efectos de mantener la presencia de Euskadi en la Unión Europea gracias a la ficción de un nexo confederal con España, destinado a durar una generación, tal y como sucediera en la Irlanda de los años veinte. Una vinculación de ocho siglos corre así el riesgo de romperse y con semejante quiebra puede llegar la del Estado de las autonomías, y lógicamente la del propio orden constitucional. El tema será todo lo aburrido que se quiera, dado que va asumiendo el aspecto de una partida de ajedrez en cuyo curso se repiten una y otra vez las mismas jugadas, pero su relevancia es innegable. Mayor sin duda que la victoria de uno u otro partido en las elecciones legislativas de la próxima primavera: aunque tarde, PP y PSOE deben entenderlo.

Tampoco ha de menospreciarse el posible efecto dominó. Sin la "propuesta de convivencia" del lehendakari sería difícilmente explicable la radicalización del catalanismo, aun cuando los signos de la misma fueran asimismo apreciables en el curso de los años noventa. El componente mayoritario del nacionalismo catalán apostó desde sus primeros tiempos por conjugar la afirmación de los propios intereses y personalidad político-cultural con el propósito de contribuir a la modernización de España. Fue consciente tanto del desfase entre la propia evolución y la del resto del Estado, como de los beneficios que tal situación aportaba al desarrollo económico regional. A partir de esos supuestos, y por encima de inevitables roces y conflictos, en la era democrática Cataluña logró restaurar y fortalecer su identidad nacional, alcanzar la normalización lingüística y consolidar un progreso económico inserto en el eje mediterráneo. El protagonismo aparente de ese éxito corresponde a Pujol, pero no hay que olvidar la contribución de una izquierda que ganó en votos las últimas elecciones autonómicas y gobierna hoy en el nivel local a la mayoría de los catalanes. Así que en buena medida la acentuación del sentimiento nacional, visible ante todo entre los intelectuales y la clase política, responde a ese balance histórico tan favorable, pensando, por una parte, en la integración en Europa sin intermediarios, y por otra, en la posibilidad de constituirse en los grupos dirigentes de un país a la vez viejo y nuevo. Para buen número de intelectuales antes aglutinados en torno al PSUC, la identidad catalana, a veces disfrazada de un federalismo sui géneris, se convierte en la receta para mantener la sombra de una contestación. El antiespañolismo brotó, y con él renació una Esquerra populista que además se apoya en la puja por la nación que ha venido a establecerse entre CiU y PSC de cara a las elecciones. La pregunta es clara: ¿por qué no seguir, si bien de forma más mesurada, la senda abierta por Ibarretxe?

Sin la bomba de relojería anticonstitucional del lehendakari, tales actitudes carecerían de importancia. Pero con el reto lanzado por el Gobierno vasco contra la Constitución y la incapacidad de PP y PSOE para percibir cuanto está ocurriendo, la perspectiva de una doble crisis no puede excluirse. Madrid puede perder el norte, advirtió Maragall en estas mismas páginas. Frente a tal amenaza, más vale que los constitucionalistas se pongan a pensar, y a pensar en positivo, sin recetas a lo Merlín de "constitucionalismo útil", vinculando en todo momento las eventuales reformas con la defensa de la ley fundamental. El Diguem no! estuvo bien para otros tiempos. "Lo que todos previeron mal -escribió Pierre Vilar pensando en el post-98- fue la fuerza que pueden adquirir rápidamente, en ciertas circunstancias, conciencias de grupo largo tiempo dormidas".

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de octubre de 2003