Seis diputados rebeldes del SPD amenazan la reforma laboral que propugna Schröder

El canciller federal alemán, el socialdemócrata Gerhard Schröder (SPD), y su Gobierno de coalición SPD-Verdes luchan para convencer a una media docena de diputados rebeldes y lograr así la mayoría necesaria para aprobar este viernes en el Parlamento federal (Bundestag) las leyes de reforma del mercado laboral y del seguro de paro. El Gobierno se niega a "aguar" sus planes de reforma. Los rebeldes exigen corregir los proyectos de ley para aminorar la dureza de los recortes sociales y exigen ver por escrito las modificaciones.

La posibilidad de un compromiso hasta la votación del viernes parece posible, pero las espadas siguen en alto. Schröder amenazó días atrás por enésima vez con dimitir si el Gobierno rojiverde se quedase sin una mayoría propia en el Bundestag. Los diputados inconformes del SPD exigen modificar los proyectos de ley, que algunos califican de "desmantelamiento del Estado social alemán". Schröder asegura que está en juego lograr la estabilidad del conjunto del sistema de seguridad social y se manifestó optimista: "El país necesita el éxito de las reformas y lo necesita ahora, y creo que se va a conseguir con una votación sin rupturas de la coalición".

El Gobierno SPD-Verdes cuenta con el apoyo de 306 escaños en el Bundestag. La oposición, con 248 democristianos (CDU / CSU), 47 liberales (FDP) y dos poscomunistas del PDS suma 297. La votación de este viernes se presenta mucho más peligrosa para el Ejecutivo que la de días atrás sobre la reforma de la sanidad. Para reformar la sanidad el Gobierno contaba con el consenso y el apoyo de la oposición democristiana. La reforma laboral encerraba varios sapos que los diputados rebeldes del SPD se negaban a tragar y consideran inaceptables.

Los proyectos de ley establecen que, al dejar de percibir el seguro de desempleo tras un máximo de 18 meses, los parados se equiparan con los que perciben asistencia social. En esta situación, para recibir la prestación social se les podría obligar a aceptar cualquier tipo de trabajo, incluso por debajo de sus cualificaciones profesionales. Se argumenta con el ejemplo del profesor universitario que tendría que aceptar un puesto de vendedor de salchichas. Además, el parado tendría que consumir sus ahorros y seguros de vida antes de cobrar la ayuda social.

Estos puntos resultan inaceptables para los diputados rebeldes. Entre bastidores se ha librado una dura batalla. El Ejecutivo insistía en que bajo ningún concepto estaba dispuesto a echar agua al vino de la reforma. No obstante, la coalición de Gobierno ha aceptado suprimir los aspectos más duros. Los padres sólo tendrán que asumir los gastos de los hijos menores de 25 años. No se podrá obligar a aceptar cualquier trabajo, sino sólo aquellos que estén en el nivel salarial de la región de residencia para evitar la creación de un mercado de mano de obra a precios de dumping (competencia desleal). Se podrá percibir, por ejemplo, la ayuda social sin tener en cuenta la propiedad de una vivienda, y una persona de 60 años de edad podrá recibir ayuda social aunque tenga un patrimonio de 24.000 euros.