El Gobierno navarro concluye los trabajos para llenar Itoiz, con 70 millones de coste

Con la reciente demolición de las localidades de Artozqui y Muniain, el Gobierno navarro ha culminado el desalojo de los vecinos cuyos pueblos quedarán inundados por las aguas del embalse de Itoiz, un proyecto cuyo coste definitivo ha ascendido a 165,58 millones de euros, un 68% más de su precio de adjudicación. El Ejecutivo de UPN ha completado así todas las tareas previas al llenado del pantano, previsto para la primavera de 2004 y, descartada la deforestación del vaso, sólo le resta verificar el estado de funcionamiento del plan de emergencia. Los trabajos desarrollados desde hace 14 años han supuesto para la comunidad foral un gasto de 70 millones de euros.

El Gobierno navarro ha pagado la expropiación de terrenos, la reposición de servicios (fundamentalmente líneas eléctricas), las nuevas carreteras entre Aoiz, Nagore y Oroz Betelu, la urbanización de Nagore y el traslado de poblaciones y cementerios.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha confirmado que las obras de implantación del plan de emergencia finalizarán este año, presumiblemente en noviembre. Después, y una vez sea autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, se podrá iniciar el programa de puesta en carga o llenado de Itoiz, un proceso paulatino que durará más de un año.

La sentencia de la Audiencia Nacional que autorizó el llenado del pantano fue recurrida por la Coordinadora de Itoiz ante el Supremo, que aún no ha resuelto el recurso. Itoiz alberga actualmente 5,6 hectómetros cúbicos de agua correspondientes a lo que los técnicos denominan embalse muerto.

Ninguna ley obliga a las administraciones a demoler piedra a piedra los pueblos afectados por la construcción de un embalse. En el caso de Itoiz, las excavadoras han destruido núcleos habitados y deshabitados cuya antigüedad se remontaba, en algunos casos, más allá de la Edad Media. Según el director general de Obras Públicas del Ejecutivo navarro, Álvaro Miranda, la decisión de demoler los pueblos fue "técnica" y está vinculada a criterios de "salubridad y seguridad" y al deseo de minimizar cualquier tipo de riesgo. La Coordinadora de Itoiz replica que se trata de otro capítulo más de una "política de hechos consumados".

El Gobierno foral comenzó derribando parte de Nagore, localidad que quedará en la misma orilla del embalse y a cuyo cementerio fueron trasladados los restos de los camposantos de Artozqui, Muniain, Itoiz, Orbaiz y Górriz. Después les tocó el turno a Itoiz y Orbaiz, demolidas en junio, y finalmente han sido Artozqui y Muniain.

En total, casi 60 vecinos han sido expropiados. Sólo una pequeña parte de ellos residirá en la nueva urbanización de Nagore, construida para albergar a los desalojados de sus casas. El resto ha abandonado los valles de Lónguida y Arce.

Pese a que la declaración de impacto ambiental elaborada en 1990 consideraba obligatorio deforestar el vaso del pantano para evitar contaminaciones en el agua, lo cierto es que los técnicos desaconsejaron realizarla y, finalmente, no se talarán los miles de árboles que van a quedar bajo las aguas ni se retirará la capa de tierra vegetal de entre cinco a diez centímetros que el estudio preveía.

De este modo, acabada la reposición de obras y servicios y en ejecución la última variante de carretera que el Gobierno foral construye entre Arce y Oroz Betelu, de 8,2 kilómetros de longitud, el Ejecutivo de Miguel Sanz ha concluido con las obligaciones que le correspondían antes de atender la supervisión del plan de emergencia.

Las obras del plan, que al igual que la puesta en carga del embalse están actualmente recurridas por la Coordinadora de Itoiz ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, comprenden, entre otros extremos, la construcción de dos pequeñas edificaciones de control entre las dos presas del embalse, así como la instalación de un sistema de comunicaciones (alarmas acústicas) en las poblaciones situadas aguas abajo. Estas medidas las acomete la CHE en colaboración con las autoridades de Protección Civil.

El 24 de enero de 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, admitió a trámite la demanda interpuesta por la Coordinadora de Itoiz y algunos particulares afectados por el proyecto. El recurso fue presentada contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 que dio validez a la reforma de la ley foral de Espacios Naturales y legalizó a posteriori las obras ya ejecutadas en el embalse.