El Senado busca su identidad
Una representación de ocho senadores españoles, encabezada por el presidente de la Cámara alta, Juan José Lucas, visitó del 23 al 28 de septiembre el Bundesrat (Senado) alemán, en Berlín, invitados por su presidente. Allí contemplaron cómo el Senado alemán, de representación exclusivamente territorial, está empeñado prioritariamente en el debate sobre la futura Constitución europea, que conllevará una nueva delimitación de competencias entre la federación y los lander (comunidades autónomas en Alemania) y previsiblemente una reforma de la Constitución.
Los senadores alemanes, dice el presidente del Senado español, preparan el terreno para la situación que se creará en Europa con la puesta en marcha de la Constitución europea, la reestructuración de los fondos de financiación para el año 2006 y la reforma del Estado del bienestar para el año 2010, y que afectará a los lander.
Las comunidades gobernadas por partidos nacionales son menos influyentes o menos exigentes que las nacionalistas, al estar sus parlamentarios disueltos en la disciplina de un grupo parlamentario ideológico y no territorial
Juan José Laborda, portavoz del PSOE en el Senado, asistente al encuentro en el Bundesrat, lamenta que no exista este paralelismo en España. "Mientras el Bundesrat ha abierto ya el debate europeo, en nuestro Senado seguimos discutiendo sobre la bulimia y la dieta mediterránea".
Laborda considera una tarea prioritaria para la democracia española, en este momento, la transformación del Senado en una cámara de representación territorial. No sólo para atender a los retos europeos, como sucede en Alemania, sino porque el modelo de pactos entre los partidos para afrontar los problemas territoriales, como ha sucedido en España desde los inicios de la democracia, ya ha caducado.
Laborda, al que la Comisión Ejecutiva del PSOE ha encargado la propuesta de reforma del Senado para su programa electoral, adelanta en un borrador que "las direcciones nacionales de los partidos ya no son capaces de representar ni a sus federaciones regionales, ni mucho menos a los gobiernos regionales" que controlan.
"En cada territorio, el discurso con el que los partidos reciben los acuerdos entre las direcciones nacionales se llena de matices y reticencias. Otro tanto sucede cuando el Gobierno llega a un acuerdo con los gobiernos de comunidades nacionalistas y algunos socialistas sobre el Plan Hidrológico".
La conclusión socialista es que las comunidades autónomas, con la enorme capacidad competencial de que disponen, son sujetos políticos de primera magnitud, con una gran capacidad de exigencia ante el Estado, pero no disponen de un cauce institucional para ejercerla. Al no corresponderse el Senado con el Estado descentralizado actual, la cámara de representación territorial es el Congreso, dice Laborda.
La primera consecuencia es que las comunidades gobernadas por partidos nacionales son menos influyentes o menos exigentes que las nacionalistas, al estar sus parlamentarios disueltos en la disciplina de un grupo parlamentario ideológico y no territorial. La otra sería el "efecto emulación", por el que todo presidente autonómico que se precie "debe practicar, al menos una vez, el tipo de exigencias que han convertido a Jordi Pujol en el político más influyente", añade el documento de Laborda.
Xavier Marimón, portavoz de CiU en el Senado, apuesta por su reforma para adecuarla a "una Europa de las regiones que es imparable con la nueva Constitución europea". CiU, dice Marimón, apoyaría una reforma del Senado con la condición de que proteja los hechos diferenciales, ya que de este modo "se reconoce el carácter de nacionalidad de Cataluña que consagra la Constitución". No obstante, esta reforma no agota las reclamaciones nacionalistas.
En una dirección similar se sitúa el PNV. Uno de sus portavoces no ve contradicción entre el plan soberanista del lehendakari Ibarretxe y un Senado territorial que reconociera los hechos diferenciales. No obstante, el portavoz del PNV aclara que la reforma del Senado "no es ninguna prioridad" para su partido.
El PSOE es el único partido que dispone de unas líneas generales de reforma que desarrollará en su programa electoral. Las líneas generales son éstas.
Seis propuestas
Reforma del título III de la Constitución, sobre las Cortes Generales. Se hará para que el Senado sea cámara de primera lectura; esto es, se pronuncia previamente al Congreso en lo que la Constitución define como cuestión autonómica. La reforma respetará el papel del Senado como cámara parlamentaria. No será una cámara de gobiernos de las comunidades autónomas, como en Alemania.
Elección de los senadores. Los senadores de elección parlamentaria autonómica aumentarán a la mitad frente a la quinta parte que son ahora, y en la misma proporción se reducirán los elegidos por las circunscripciones provinciales. En consecuencia, no será obligatorio ser parlamentario autonómico para ser senador. Tampoco será disuelto el Senado por el presidente del Gobierno, a la vez que el Congreso. Esta reforma también afecta a la Constitución.
Fortalecimiento de su papel. El Senado es cámara de primera lectura en la autorización de convenios entre comunidades, en el establecimiento del fondo de compensación interterritorial y en la decisión de suspender la autonomía en una comunidad. Tras la reforma, lo será en asuntos referentes a los estatutos de autonomía y a la ley de financiación autonómica.
Plazos más amplios. Se ampliarán los plazos de aprobación de leyes de segunda lectura de dos a tres meses en los procedimientos ordinarios y de 20 a 60 días en los procedimientos de urgencia. Su pretensión es contribuir a la vocación participativa de las comunidades autónomas.
Sede del debate financiero. Además de ser sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Senado acogerá un observatorio económico-financiero que dispondrá de los datos presupuestarios, estadísticos y de cualquier otra naturaleza de carácter territorial.
Hechos diferenciales. El Senado protegerá los hechos diferenciales de las comunidades autónomas (lengua, etcétera) reconocidos por la Constitución. Los senadores de una comunidad, de distintos partidos, podrán constituirse en un grupo territorial para aprobar un informe preceptivo que se remitiría a la cámara que tramitase una norma legal que conculcase un hecho diferencial. Los senadores de un grupo territorial estarían legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad por una mayoría de tres quintos o dos tercios.
Lucas apuesta por la reforma sin tocar la Constitución
EL PRESIDENTE DEL SENADO, Juan José Lucas, del PP, tras su visita al Bundesrat alemán, cree que el Senado español debe aumentar sus competencias para adecuarlo a los nuevos retos europeos; pero, a diferencia del PSOE, no cree necesaria una reforma de la Constitución. Es más, en este momento la considera "contraproducente" porque "el nacionalismo soberanista puede aprovechar la reforma constitucional para introducir reclamaciones rupturistas". Con este argumento, tanto Lucas como su partido, el PP, justifican su cambio de posición, ya que hasta las elecciones de 2000 defendieron en su programa electoral la reforma constitucional del Senado. Lucas cree que sin tocar la Constitución, con la aplicación del Reglamento del Senado reformado en 1994,
la Cámara alta puede lograr ampliar su papel
con el cumplimiento de estas atribuciones:
- Llevar a la Cámara alta como prioritario
el debate sobre los problemas de contenido territorial. Un ejemplo claro sería el Plan Hidrológico Nacional.
- Presencia periódica del presidente del Gobierno en el Senado, con la participación en sesiones de control sobre temas territoriales.
- Participación de las comunidades autónomas en la creación de la voluntad del Estado en Europa a través de una CARCE (Conferencia para Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea) potenciada.
- Restauración del debate sobre el estado de las autonomías en el Senado, con carácter anual, y participación del presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas. La condición es cambiar el formato actual del debate, con la introducción de temas de debate sectoriales y no generales. (Este debate, de celebración obligatoria anual, según el Reglamento del Senado, no se celebra desde 1997).
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