El Ayuntamiento de La Vila pidió al juzgado que parara las obras del Atrium y no acudió al juicio

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gestionado por el PP, denunció en mayo de 2002 ante un juzgado de esa localidad que la promotora del hotel Atrium Beach estaba construyendo el complejo hotelero sin licencia y que, a pesar de ordenarle en cinco ocasiones que parara los trabajos, éstos seguían su curso. La juez decretó la apertura de un juicio de faltas pero, llegado el día de la vista, el Ayuntamiento no compareció al juicio. La juez tuvo que absolver a la promotora y las obras continuaron hasta el pasado septiembre, cuando murieron tres obreros en dos accidentes.

Las relaciones entre el gobierno municipal de La Vila Joiosa y la promotora del complejo hotelero Atrium Beach cambiaron radicalmente entre el 10 de septiembre de 2002, cuando el Ayuntamiento denunció en el juzgado a la empresa, y diciembre de ese año, cuando el Consistorio decidió no comparecer al juicio pese a estar debidamente citado. La actitud del Ayuntamiento hacia el promotor giró radicalmente en ese plazo: el gobierno local, además de no acudir al juicio -propiciando así que las obras continuarán su curso- decidió archivar un expediente que había abierto a la promotora por infracción urbanística. El argumento municipal para dar carpetazo a la infracción se basó en un error inaudito: había expedientado a una empresa equivocada.

El decreto municipal que archivó el proceso sancionador contra el Atrium proponía que se abriera un nuevo expediente, esta vez a la empresa correcta, Hotel Luna, SA, la promotora real de las obras. Pero el gobierno local dejó dormir varios meses ese expediente y no lo reactivó hasta el pasado 11 de septiembre, día en que se produjo el primer accidente mortal en las obras del hotel.

Ante el plantón que el Ayuntamiento y la promotora dieron a la juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 1 de La Vila Joiosa, ésta dictó una sentencia, con fecha 19 de diciembre de 2002, que absolvió al denunciado, la representación legal de Atrium Beach, SL. Argumentó la juez en su fallo que para poder juzgar y condenar, es preciso una acusación exteriorizada y explícita que permita al inculpado defenderse y haga posible un debate contradictorio a resolver por el juez para imponer la condena o pronunciar la absolución. EL PAÍS quiso hablar ayer con el alcalde para que explicara la incomparecencia municipal en el juicio, pero éste no atendió las llamadas telefónicas.

La denuncia municipal contra Atrium Beach que dio pie al fallo exculpatorio la firmó el concejal de Urbanismo el ocho de mayo de 2002, pero no se remitió al juzgado hasta casi cuatro meses después, el 10 de septiembre de ese año.

Fuentes municipales aseguran que cuando el juzgado comenzó a practicar diligencias, el alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, cambió drásticamente de opinión: decidió retirar la acusación y negociar con el promotor una fórmula para legalizar las obras. De hecho, el 18 de noviembre de 2002 la promotora presentó una modificación del proyecto básico y de ejecución del hotel. Pero la arquitecta municipal respondió a esa modificación con un informe demoledor: la obra supera "enormemente" la edificabilidad permitida. Y además, advirtió de que la documentación de la empresa estaba firmada por técnicos sin la cualificación académica preceptiva.

Con todo, las obras continuaron incluso después del primer accidente, registrado el 11 de septiembre. Seis días después dos operarios murieron cuando desmontaban un montacargas. Las obras eran manifiestamente ilegales y la Dirección General de Trabajo de la Generalitat ordenó su paralización.

Ayer, el concejal del grupo independiente de La Vila, Pedro Lloret, insistió en que hay una "clara responsabilidad política" del alcalde por no parar las obras de un hotel en las que ya han muerto tres personas, y también, una "evidente connivencia entre el alcalde de La Vila y el promotor del complejo hotelero".