El PP rechaza poner fecha a la aprobación de la Carta de Barcelona

No hay compromiso claro del Gobierno del PP para sacar adelante la Carta Municipal de Barcelona en esta legislatura, que acabará el próximo mes de marzo. En todo caso, se intentará pactar un anteproyecto en las cuestiones capitales de la Carta: financiación, justicia local, autoridad del alcalde y gestión de infraestructuras. El único compromiso al que se llegó ayer en la reunión de la comisión mixta de la Carta, formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, con la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, es que la Ley de Modernización del Gobierno Local, conocida como Ley de Grandes Ciudades, no se aplicará a Barcelona.

Joan Clos, alcalde de Barcelona, consideró positiva la reunión, ya que el Gobierno reconoció la "necesidad de una ley específica" para Barcelona. Pero esto no significa que la Administración del PP comulgue con el texto aprobado por unanimidad en el consistorio barcelonés hace seis años. De hecho, los recelos del Gobierno central respecto a la Carta de Barcelona son muchos y centrados en lo relativo a la justicia local.

La Carta presupone la existencia de unos jueces de distrito que resolverían los asuntos menores y relacionados directamente con la convivencia. Por ejemplo, los altercados o las riñas sin más consecuencias.

Los representantes de Administraciones Públicas ya habían expresado sus reservas sobre la justicia local, y esas cautelas volvieron a ponerse ayer sobre la mesa. La propuesta del PP es que un cambio de ese tipo tiene que enmarcarse en el Pacto por la Justicia.

Pero no es el único escollo. También se plantearon problemas sobre la potestad del alcalde de retirar el carnet de conducir por problemas de competencias, aunque se perfiló una solución intermedia: que el alcalde lo proponga y que sea el delegado del Gobierno quien lo firme. No hubo tantos problemas en reconocer el carácter de policía judicial a la Guardia Urbana y en la participación en los impuestos dentro del capítulo de la financiación, que no se llegó a abordar ayer.

García-Valdecasas también mostró su satisfacción y destacó que es la primera vez que en un texto de rango legal -en referencia a la Ley de Modernización del Gobierno Local- se reconoce el compromiso del Gobierno de elaborar una ley específica para Barcelona: "Esto supone un avance en el compromiso político de progresar en el estudio específico de una ley para la ciudad". La ministra señaló que la comisión también acordó la creación de unos grupos de trabajo sobre la Carta Municipal, que se reunirán en 15 días y elaborarán en tres meses un documento con las primeras conclusiones. Dicho texto será, a su vez, analizado por la Comisión Mixta.

El último compromiso alcanzado entre las tres administraciones consiste en la convocatoria de otro comité reducido, que se reunirá en diciembre en Barcelona para evaluar el seguimiento de las inicitivas adoptadas por los grupos de trabajo.

El consejero de Gobernación de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, añadió al término de la reunión que las competencias autonómicas que tiene Cataluña con relación al régimen local "serán respetadas".