Alternativas del PSOE
Las propuestas adelantadas en los últimos días por los socialistas revelan una clara voluntad de no limitar el papel de la oposición a la crítica del Gobierno. Una astucia muy característica del estilo de Aznar consiste en rehuir cualquier rendición de cuentas con el argumento de que los socialistas no tienen alternativa. E incluso con la acusación de irresponsabilidad, en el sentido de que sus críticas son contraproducentes para resolver los problemas. Aparte de que la crítica, con o sin alternativas, es parte esencial de la función de la oposición, esa acusación es particularmente injusta: si algo caracteriza a Zapatero es la propensión a ofrecer pactos al Gobierno y alternativas no especialmente radicales.
De lo que ha ido saliendo a la luz parece deducirse que Zapatero quiere presentarse en marzo con un programa moderado, que haga compatible el rigor económico y la atención a nuevas necesidades sociales. Ayer declaraba a este periódico que no subirá la presión fiscal y reformará globalmente los impuestos. El PSOE anuncia también el mantenimiento del equilibrio presupuestario, bien que considerado en el conjunto del ciclo y no necesariamente año a año. Zapatero denuncia la gestión del crecimiento hecha por la derecha y propone una reasignación de recursos que permita aumentar el gasto social. La descalificación sumaria de la política económica del Gobierno se sustituye por la consideración de que el modelo de crecimiento (basado en el empleo precario de jóvenes e inmigrantes) no será viable en la Europa ampliada.
Al mismo tiempo, los socialistas preparan un paquete de reformas sociales de contenido socialdemócrata. El fuerte desarrollo del Estado de bienestar a partir de los años ochenta y primeros noventa no se ha mantenido durante los Gobiernos del PP. En 1993, la distancia entre el porcentaje del PIB destinado a gasto social en España y en el conjunto de la UE era de 4 puntos; ahora lo es de 7, y de 10 en relación a países como Francia o Alemania. Ese retraso es particularmente visible en políticas familiares, a las que los países de la UE destinan de media el 2% del PIB, frente al 0,5% español.
Los déficit se manifiestan sobre todo en asistencia a personas incapaces de valerse: cuidado de niños y ancianos, especialmente. Las propuestas adelantadas estos días por los socialistas comprenden la ampliación de la red de servicios sociales en esos y otros aspectos, el aumento de las prestaciones por hijos a partir del segundo, la equiparación de pensiones de viudedad con las mínimas de jubilación y la apertura de los centros escolares todos los días de la semana, entre otras.
La credibilidad de las promesas electorales depende de que incluyan vías realistas de financiación. Sería deseable que el compromiso de rigor se comenzase por aplicar a la cuantificación de esas medidas, que se unen a las otras dos grandes prioridades anunciadas por el PSOE: la seguridad ciudadana y la reforma de la justicia. Sin olvidar que algunas de las medidas, como las relativas a la creación de guarderías y redes de atención domiciliaria a enfermos y ancianos, están llamadas a convertirse en un factor dinamizador de la economía, y en particular del mercado de trabajo.
