Al jurado se la tienen jurada
La ruptura del Pacto por la Justicia precipita el intento de cambio del modelo actual por una deliberación conjunta de jueces y ciudadanos
La ruptura del Pacto de Estado por la Justicia por el PSOE va a propiciar un nuevo intento de asalto a la Ley del Jurado de 1995 por parte de la derecha judicial, que se la tiene jurada a este jurado. Mientras los socialistas permanecieron en el Pacto, la institución fue intocable, pero ahora el Gobierno habla ya de que aún hay tiempo para cambiar el modelo antes de las elecciones. Según fuentes del Partido Popular, Justicia quiere ir hacia el modelo continental, de deliberación conjunta entre jueces y ciudadanos, pero tras un periodo de reflexión, por consenso con otras fuerzas políticas y en un momento alejado de la crispación electoral.
La condena en el caso Wanninkhof y la absolución en el caso Otegi , el presunto asesino de dos ertzainas que huyó tras ser liberado por un jurado de San Sebastián, son los dos ejemplos tipo para los detractores del actual sistema, que frente al juicio de los ciudadanos prefieren un control más judicializado del veredicto. Por su parte, los defensores del sistema actual critican que en el sistema de jurado que predomina en Europa, el denominado jurado escabinado de jueces y legos, la opinión de los primeros termina imponiéndose sobre la de los ciudadanos.
Los jurados españoles, no expertos en derecho, deben explicar cómo llegan a un veredicto
Los casos 'Wanninkhof' y 'Otegi' son ejemplos tipo para los opositores del sistema actual
Vicente Gimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal y ex magistrado del Tribunal Constitucional, prefiere el jurado escabinado de ciudadanos y jueces que, en proporción de tres a uno, deliberan conjuntamente sobre el objeto del juicio. Admite que el actual modelo de jurado en España podría funcionar mucho mejor si el magistrado-presidente actuase con habilidad, pero explica que muchos veredictos han tenido que ser anulados por el Tribunal Supremo "porque el legislador quiso conciliar lo inconciliable y obligó al jurado a motivar y razonar la prueba".
"Mientras que en Estados Unidos al jurado se le prohíbe que explique el razonamiento que le lleva a adoptar el veredicto, el legislador español pecó de voluntarista y pidió a los ciudadanos no expertos en derecho que expliciten el camino formativo de su convicción, algo que pueden hacer los jueces técnicos, pero no los ciudadanos".
Como experto juradista, Gimeno Sendra cree que antes de afrontar cualquier reforma de la institución sería bueno que se desideologizara el tema: "Habría que evitar que un modelo de jurado fuese reconocido como el modelo de la izquierda y otro el de la derecha, y que se reflexionase sobre qué sistema sería el más adecuado y cuál ofrece mayores garantías".
De cambiarse el sistema actual por el de jurado escabinado, cree que se podría ampliar la competencia del jurado a delitos como el de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). Un delito típico relacionado con la corrupción administrativa o judicial, pero que exige tener conocimientos jurídicos para poder determinar esa conducta.
Miguel Carmona Ruano, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, asegura que el actual sistema de jurado en España es "bastante razonable" y se ajusta "a lo que se necesitaba cuando se reintrodujo la institución". Carmona recuerda que la capacidad decisoria recayó sobre los ciudadanos "para evitar un poco el ascendiente profesional" de los jueces, y se hace eco del reproche más extendido contra el jurado escabinado: "En los países en que el colegio es mixto se da más participación al elemento técnico que al ciudadano en el final de la decisión". Es decir, el peso de los jueces profesionales se deja sentir sobre la decisión final de los legos.
El actual sistema español de jurado, según Carmona, ya cuenta con muchos elementos del jurado continental: "Un magistrado-presidente reparte sus funciones con nueve jurados que están en diálogo permanente con él; fija el objeto del proceso y garantiza los derechos fundamentales y tiene a su cargo el examen de la coherencia interna del veredicto. Si no hay prueba de cargo está obligado a disolver el jurado y dictar una sentencia absolutoria. Si el objeto del veredicto está bien propuesto en las preguntas que formula el magistrado, no tienen por qué producirse barbaridades", afirma.
Este magistrado recuerda que desde la reinstauración del jurado en 1996, los primeros estudios de seguimiento concluyeron en un índice de absoluciones y condenas similar a las que se daban en los tribunales profesionales. Y añade que cuenta con garantías posteriores de recurso al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo, de las que carece el juicio ordinario.
Tanto Gimeno Sendra como Carmona coinciden en que habría que rediseñar las competencias del jurado español para evitar que tenga que formarse para juzgar delitos de bagatela, como son los de coacciones o los allanamientos de morada. "Para evitar el gasto y el derroche de energías que supone formar un jurado, se está evitando calificar estas conductas como delito y se califican como falta con el fin de evitar el jurado", comenta Gimeno Sendra. "Ninguna ley es inmodificable", añade Carmona, quien coincide con Gimeno Sendra en la necesidad de retirar del conocimiento del jurado delitos de allanamiento, omisión del deber se socorro y amenazas.
Sobre la propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consistente en repescar para un tribunal de magistrados profesionales a los justiciables que ahora son absueltos si, tras dos juicios con jurado, no se obtiene un veredicto, Gimeno Sendra la rechaza por "contraria a la seguridad jurídica" y Carmona porque le parece "una barbaridad".
"El ciudadano tiene derecho a un juicio en un plazo razonable, pero repetir tres veces un juicio con las dilaciones que hay...", comenta Gimeno Sendra. Carmona cree recordar que hubo un solo caso de doble devolución del veredicto, "un caso de laboratorio", dice. "Dos veredictos colgados no dan base suficiente para una condena, sino para una absolución. Pero la propuesta del sector conservador del Consejo viene a decir: 'A ver si ahora, con otro tribunal, lo conseguimos'.
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