Huir de Marruecos... y del reformatorio

Primero llegan los hombres, luego las mujeres y, por último, los niños. Así ha sido tradicionalmente la emigración. La que llega a España por mar en patera, desde Marruecos, ha cubierto en estos años todos los pasos, pero todavía da sorpresas. La última se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en una sola embarcación, en la que viajaban 70 personas, había 21 menores marroquíes, sin ninguna vinculación con los adultos.

Nunca un grupo tan grande de niños había llegado por mar, y eso ha reabierto el debate de qué debe hacerse con ellos: si es mejor que sean devueltos a su país, como quiere Marruecos, que esgrime el convenio de repatriación de sus nacionales firmado con España; o sólo debe hacerse cuando sean reclamados por sus familiares, como dice la Ley de Extranjería.

"Marruecos quiere que los menores vuelvan, pero a veces la familia no los reclama"

"No es un tema de extranjería, sino de un menor supuestamente abandonado"

Esa discusión sólo afecta a los niños marroquíes, como apunta Francisco Jiménez, jefe del servicio de centros de protección de menores de la Junta de Andalucía. "Porque si viene un niño nigeriano solo, como con su país no hay convenio de repatriación, de entrada tramitamos el amparo". Pero atañe directamente a unos 990 niños ingresados en centros de tutela de las comunidades autónomas, según la Embajada de España en Rabat, aunque el Colectivo Al Jaima eleva a unos 2.000 la cifra. En Andalucía el viernes pasado se contabilizaban 250 menores bajo tutela, de los que el 92% son marroquíes. En Canarias sumaban 270 los menores de esa nacionalidad acogidos y, en Cataluña, había 280 menores en los servicios de urgencia, de los que el 75% son marroquíes; y 240 en centros de acogida permanentes, de los que el 50% son de ese país.

"Hay que subrayar que esto no es un tema de extranjería", matiza Jiménez, "sino que hablamos de un menor supuestamente abandonado, aunque sea extranjero". Por eso, la situación es delicada. "En Andalucía defendemos el principio de que, de entrada, donde mejor está el niño es con su familia. Hasta que un buen trabajo técnico nos demuestre que no es así", continúa Jiménez. "Con la complicación de que no podemos mandar una brigada a investigar en Marruecos la situación familiar". Además, el 60% de los menores que llegan a la acogida, se escapa.

Por eso, como apunta la portavoz de la Consejería del Menor de Canarias, la tasa de niños que son devueltos es muy baja. "La devolución de los niños implica todo un proceso a través del Ministerio de Interior y de gestión con Marruecos que no suele tener resultados, porque o no se reconoce la vinculación familiar del menor o ni siquiera se busca a la familia".

Desde 1999 y hasta el pasado abril sólo han sido repatriados 286 menores a Marruecos, según una respuesta parlamentaria a una pregunta de Coalición Canaria.

Pero además José Chamizo, defensor del pueblo de Andalucía -cargo que engloba el de defensor del menor-, afirma que algunos procedimientos de repatriación son de "dudosa legalidad". "Marruecos quiere que los menores vuelvan, pero en algunos casos la familia no los reclama". En el debate sobre su devolución, distingue dos casos: los jóvenes insertados en el sistema educativo, con una formación prelaboral -"repatriarlos es complicado, salvo que sean reclamados por la familia y yo entiendo que en este caso no tienen por qué hacerlo"- y aquellos que se mueven en un círculo de prostitución, drogas y delincuencia -"y preciso que de los 3.000 casos de estos menores del año pasado en Andalucía, sólo 300 eran extranjeros, para que no se una delincuencia e inmigración"-. En su opinión, este último caso es el más preocupante porque la vida del niño peligra y, por lo tanto, "si en su país tiene mejor calidad de vida, es mejor que regrese".

La situación actual no sólo pone la carga de la educación y el futuro de esos jóvenes en las comunidades, responsables de su tutela, sino que ha obligado a crear todo un protocolo de actuación con los menores no acompañados, para cumplir los convenios internacionales de protección de la infancia.

Ese protocolo se aplicó también al grupo de niños de la patera citada. Cuando llegó, fueron trasladados a la isla de las Palomas, donde se les atendió y fueron sometidos a pruebas para determinar su edad. La mayoría de los jóvenes marroquíes que llegan aseguran tener menos de 18 años, aunque no sea así, porque saben que no serán expulsados de inmediato. "A un menor no se le abre proceso sancionador", corrobora un portavoz del Ministerio de Interior.

Las pruebas se hacen a través de placas radiográficas de la dentadura o de muñeca, junto a un examen médico. Puesto que el margen de error es de un año o dos, la regla es la de resolver a favor. Si la prueba dice que el menor puede estar entre los 17 y los 19, se considera que tiene 17. "Impera el interés superior del menor en todo caso", continúa el portavoz.

Una vez constatada la edad, a los 21 menores se les puso bajo protección de la Junta de Andalucía. Esto implica que mientras se tramita la repatriación pasan a un centro de acogida inmediata, en los que hay unidades tutelares (con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos) y se les plantea un proyecto educativo, que incluye el aprendizaje del español.

De los 534 jóvenes que pasaron a disposición de la Junta en el primer semestre, 299 se marcharon voluntariamente. "Por ley se nos obliga a considerarlos menores, pero ni en su país ni en su cultura se les considera como tales. Un chaval de 16 años no viene a que lo atendamos en un centro y por eso se marcha", explica Jiménez.

Lo habitual es que se escapen de los centros, que no son cerrados, y, en ese caso, se denuncia a la policía. "Pero es raro que les encuentren", continúa. Entre los que se marchan, los que vuelven a casa y los que se ponen en contacto con familiares en España, al final el grupo que queda bajo tutela de las comunidades es reducido. Si en dos o tres meses no hay noticias de la familia, y por tanto, no hay repatriación, el menor pasa a un centro permanente, donde se le trata como a cualquier nacional desprotegido y se tramita su regularización. Con la ley en la mano, a los nueve meses, el menor tiene derecho a papeles. Aunque, confirma Chamizo, no siempre se cumple.

Sobre los menores que llegan, Jiménez cuenta, "con reservas", que se aprecia un cambio de perfil. Si antes llegaban chicos de entre 16 y 18 años, en los últimos meses los hay de 12 y 15 años. Además, asegura que antes procedían de núcleos urbanos, mientras que ahora "están viniendo chavales de zonas rurales, del interior". A cambio, sostiene, son "más sanos y más dóciles".