El Consell recorta o congela los presupuestos de las políticas sociales

El incidente con las PER no ha sido un hecho aislado y muestra problemas de liquidez

Quizás el frenazo en seco que ha sufrido la Prestación Económica Reglada (PER) desde el verano ha sido el caso más llamativo por la denuncia abierta de esta situación por parte de Cáritas. Pero también porque no es la primera vez que sucede. El año pasado, el anterior responsable de Bienestar Social, Rafael Blasco, tuvo que hacer frente a un alud de críticas cuando su departamento se vio incapaz de mantener estas ayudas anuales que rondan los 300 euros y que, junto a la aportación económica, comportan una serie de compromisos dirigidos a la integración social de los beneficiarios. Entonces, el consejero se comprometió a sacar adelante antes de que acabe el año una red de rentas mínimas dirigida a dar una cobertura legar a las ayudas y garantizar su prestación.

El incidente con las PER no es un hecho aislado y su repetición muestra los problemas de liquidez a los que se enfrenta Bienestar Social para cumplir con sus compromisos. Una respuesta parlamentaria de Bienestar Social el año pasado admitía que 1.455 personas con escasos recursos habían solicitado una ayuda dentro del programa de alquiler de viviendas de colectivos desfavorecidos -mujeres solas, víctimas de violencia de género, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión-. Sin embargo, durante el año pasado no se pagó ni una, como denunció la diputada socialista Nuria Espí. Estas ayudas, que tenían un tope de 2.400 euros por persona y una dotación económica global de 180.303 euros, las coordinaba la dirección general de Planes Especiales de Vivienda, un departamento que hasta después de las elecciones de mayo dependían de Bienestar Social. A esta dirección general estaban adscritas también dos líneas presupuestarias de marcado carácter social que han sufrido importantes recurtes. Uno de ellos es la partida destinada a potenciar el alojamiento de los trabajadores temporeros inmigrantes, que ha sufrido un recorte de 300.000 euros, una cifra que supone el 42,7% del presupuesto inicialmente destinado. La línea Ayudas a la promoción de viviendas para trabajadores temporales inmigrantes sufrió en abril una rebaja por parte de la Consejería de Economía que dejó el montante original de 701.520 euros en 401.520, lo que supone el 57,23% de la suma inicial.

Otra partida que ha sido rebajada ha sido la denominada Ayudas hábitat de integración social, dirigidas a "fomentar la creación, alquiler y equipamiento de viviendas en conjuntos urbanos degradados para erradicar la vivienda precaria". La suma inicial era de 952.030 euros que se han quedado en 402.030, menos de la mitad.

Entre los programas que no han visto la luz se encuentra el del fondo de garantía de alimentos, dirigido a cubrir las pensiones alimenticias de los hijos de parejas separadas. El 21 de enero se aprobó por el Consell y díez días después entro en vigor el decreto, que comprendía en un plazo de seis meses dotar una consignación presupuestaria a la medida "a través del capítulo tres y 19 de la sección 19 del presupuesto general de la Generalitat", según apunta el diputado socialista Antonio Torres. Se pretendía que los afectados pudieran acceder a un anticipo de la Generalitat, a través de una entidad financiera, por "importe máximo quivalente a la pensión determinada por el juez, impagada y reclamada su ejecución vía judicial". La vía elegida eran las delegaciones territoriales de la Generalitat. Sin embargo, a principios de enero en estos departamentos "ni siquiera existen formularios para solicitar las ayudas", comenta el diputado del grupo socialista en las Cortes.