Familiares de víctimas llevan el caso del Yak 42 a la Audiencia Nacional

Cuatro meses después del accidente que costó la vida a 62 soldados españoles en Trebisonda (Turquía) cuando volvían de Afganistán, la Asociación de Familiares de víctimas del siniestro, que representa a 42 familias, presentará una denuncia ante la Audiencia Nacional, según anunció ayer, para que "aclare si ha habido delito que pueda suponer imputación de responsabilidad". La denuncia no va dirigida contra ninguna persona u organismo.

Al mismo tiempo que ejerce esta acción penal, la Asociación de Familiares reclamará al Estado, mediante una demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración, que adelante el montante total de las indemnizaciones. Esta acción legal también se presentará ante la Audiencia Nacional.

Eudaldo Vendrell, abogado de la asociación, explicó que la solicitud de apertura de diligencias penales -que se concretará "en los próximos días"-, tiene como único objeto "aclarar los hechos". "No hay pretensión indemnizatoria, sino aclaratoria. No queremos prejuzgar ni decimos que nadie en concreto haya cometido un delito". Sin embargo, el letrado matizó que puede haber actuaciones constitutivas de infracción penal "de cualquier persona, de cualquier administración". Vendrell señaló especialmente la posibilidad de actuar contra aquellas personas que "hubiesen omitido" controles susceptibles de evitar el accidente.

Punto muerto

El presidente de la Asociación, Carlos Ripollés, hermano de un comandante fallecido en Trebisonda, situó las acciones legales en el contexto del "punto muerto" al que han llegado las conversaciones que mantenían con el Ministerio de Defensa. Ripollés señaló que Defensa "ha dejado solas" a las familias de las víctimas, después de tres reuniones con el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. La Asociación solicitó al ministerio en las reuniones "ir de la mano" tanto en la investigación de los hechos como en la reclamación de indemnizaciones.

Ripollés recalcó ayer en repetidas ocasiones, durante la presentación de las iniciativas judiciales citadas, que los familiares "sólo quieren saber la verdad" sobre la contratación de los aviones, el estado psicofísico de la tripulación -que voló al menos 28 horas sin descansar-, el paradero de las pertenencias de los soldados y el proceso de identificación de los cadáveres de los 62 militares. Este último aspecto no se incorporará inmediatamente en la denuncia, aunque el abogado no descartó hacerlo más adelante.

Por lo que respecta a la reclamación de responsabilidad penal de la Administración, Eudaldo Vendrell aseguró que lo único que pretende la asociación es que el Estado "repare directamente a los familiares, sin perjuicio de que recupere posteriormente los fondos de los verdaderos culpables o responsables, si los hay". Los familiares de las víctimas presentarán en primera instancia una reclamación a la Administración. Si no es atendida, presentarán una demanda por la vía contencioso-administrativa. El letrado aseguró que la decisión de los familiares de víctimas que no formar parte de la asociación de optar por la vía civil para cobrar las indemnizaciones no perjudica en absoluto la pretensión del grupo más numeroso.

Vendrell argumentó que esta reclamación está respaldada por la decisión de Defensa de adelantar los 75.000 dólares (87.750 euros) de seguro previsto para cada pasajero en el contrato entre NAMSA (la agencia de la OTAN para el alquiler de aviones) y Defensa. Esta póliza no fue incorporada en las subcontrataciones que llevaron al alquiler del Yak siniestrado. Para el abogado de las familias, el ministerio debe guiarse por la misma "filosofía" para las indemnizaciones.

Carlos Ripollés no ahorró críticas al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, con quien la asociación de familiares de víctimas no ha logrado entrevistarse. "Es una vergüenza que el ministro esté viajando a Irak en un DC-7 o un DC-8", dijo, "mientras los militares han estado viajando en aviones basura".

El presidente de la asociación rechazó cualquier tipo de vinculación política: "Una de las pocas veces que Trillo se ha dirigido a nosotros fue cuando pedimos que se abriera una comisión de investigación en el Congreso. Nos dijo que nos habíamos investido de una camisa política. Nuestros estatutos rechazan tajantemente eso". No obstante, Ripollés mostró su satisfacción porque se hayan incrementado los gastos de viaje de los militares tras el accidente.