La Audiencia Nacional se declara incompetente para esclarecer el accidente del Yak-42

La Audiencia Nacional no es competente para juzgar las presuntas irregularidades cometidas por el Ministerio de Defensa en relación al accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el pasado 26 de mayo. Así lo estima la jueza Teresa Palacios, que ha pedido el archivo de la causa amparándose en que dichas presuntas irregularidades tuvieron lugar en España, cuando la Audiencia sólo es competente para juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero.

En un auto notificado hoy, la magistrada distingue entre las irregularidades administrativas atribuidas al ministerio de Defensa español, al que la denuncia pretendía imputar un delito de imprudencia, y la presunta responsabilidad de la tripulación de la aeronave, varios de cuyos miembros presentaban presuntamente síntomas de alcoholemia.

Sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa, Palacios estima que la Audiencia sería competente si el presunto delito de imprudencia hubiese sido cometido por españoles en territorio extranjero, pero no fue así, dado que las irregularidades atribuidas al departamento de Federico Trillo "vienen residenciadas en España y por ende es ajena su investigación a esta sede judicial". En todo caso, la jueza no entra a valorar "que hayan acaecido o no las irregularidades y que éstas, en su caso, hayan sido determinantes o contribuido al lamentable resultado del accidente aéreo ocurrido en Turquía el pasado día 26 de mayo".

Sobre la presunta responsabilidad de la tripulación, algunos de cuyos miembros presentaban presuntamente índices de alcoholemia, señala que "estaba integrada por ciudadanos ucranianos que no ostentaban la nacionalidad española", lo que "hace igualmente inviable la jurisdicción a la que se ha acudido".

Riesgo ilícito

La denuncia, presentada por la asociación de familiares de las víctimas del accidente el pasado 31 de octubre, no iba dirigida contra nadie en concreto, sino que pedía que se investigase a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevante por acción u omisión en las causas que han ocasionado este accidente". Así, se atribuían a Defensa irregularidades en la contratación del vuelo, poniendo de manifiesto "la ausencia de los controles administrativos tanto en la fase de preparación del contrato como en la licitación, adjudicación y, sobre todo, ejecución del mismo, lo que conlleva una situación de riesgo ilícito". Esa situación se produce "en la medida en que al riesgo inherente al tráfico aéreo en una zona de conflicto se le añade ilegítimamente el riesgo creado al obviar los más elementales controles e inspecciones tanto en la preparación del contrato como en la supervisión de la aeronave, que finalmente realiza el trayecto tras una sucesiva e inadmisible subcontratación con diferentes empresas".

La juez inició diligencias sobre este asunto el pasado 4 de noviembre y, al día siguiente, la Fiscalía le solicitó que rechazara la competencia y decretara el archivo de la causa al estimar que "de todo el contenido de la denuncia no se pueden deducir indicios que permitan imputar una responsabilidad penal a ciudadano español alguno". Igualmente, el texto de la Fiscalía recordaba que "el accidente está siendo investigado por las autoridades turcas".

Los familiares de los militares fallecidos disponen ahora de cinco días para recurrir la decisión de la jueza.