CC OO estima que hay unos 70.000 inmigrantes irregulares en la comunidad

Unos 70.000 inmigrantes se encuentran en situación irregular en Andalucía, según datos del sindicato CC OO, que calcula que en todo el país esta cifra se eleva a unas 400.000 ó 500.000 personas, que aportan al Producto Interior Bruto (PIB) más de un 4%. Mientras, la Junta de Andalucía aseguró que "falta una reflexión global" para aclarar el reparto de competencias entre las distintas administraciones en materia de inmigración.

El responsable de Migraciones de CC OO, José María Díaz-Ropero, criticó ayer algunos puntos de la reforma de la Ley de Extranjería, si bien consideró positivo la recuperación "parcial del diálogo" entre Gobierno y oposición sobre la inmigración. La reforma fue aprobada el jueves en el pleno del Congreso con los votos del PP, PSOE y Coalición Canaria, la abstención de CiU y el rechazo del resto de los grupos.

El dirigente sindical recordó en Sevilla, antes de una reunión con responsables de CC OO en Andalucía para analizar la nueva norma, que el uso de la inmigración como "arma electoral" abrió una "dinámica muy negativa" en los últimos años.

Díaz-Ropero afimó que tras la reforma legal sigue habiendo "excesivos inconvenientes en ámbitos como la reagrupación familiar" y lamentó que la ley mantenga una "voluntad de endurecimiento de la regularización por arraigo".

Mientras, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Pedro Moya, aseguró ayer que "falta una reflexión global" entre las distintas administraciones sobre el reparto de algunas competencias en materia de inmigración que actualmente son exclusivas del Estado.

Control de las fronteras

Moya, que inauguró el III Encuentro de la Asociación de Inmigrantes de Andalucía, señaló que en algunas de las áreas que rodean al fenómeno de la inmigración hay aspectos en los que hay en realidad unas competencias compartidas. Según Moya, hay competencias que deben seguir siendo del Gobierno central como el control de las fronteras, los tratados con los países para regular la inmigración, los flujos migratorios o los permisos de entrada. Sin embargo, señaló, en terrenos como el de la integración social las competencias están más compartidas entre las distintas administraciones.

Moya añadió que a la Junta le parece "muy alta" la solicitud de 19.000 inmigrantes contratados en origen para la campaña agrícola de la provincia de Huelva por el "esfuerzo significativo" que supone en materia de atención al colectivo.

En este sentido, la presidenta de la ONG Huelva Acoge, María Luisa Vélez, aseguró ayer que la contratación de tantos inmigrantes en origen para trabajar en la campaña agrícola de la provincia onubense puede provocar, "como ya ocurrió el año pasado", un desplazamiento de la mano de obra temporera tradicional, en particular de los magrebíes y los subsaharianos.