Para que España retorne a Europa

La elaboración de la Constitución Europea inicia ahora la etapa más difícil del proceso que debería culminar con su entrada en vigor en 2006: la Conferencia Intergubernamental (CIG).

Dos escenarios son posibles: o la CIG asume los contenidos esenciales del proyecto de Constitución que ha elaborado la Convención Europea introduciendo, en todo caso, modificaciones puntuales que solucionen algunos problemas pendientes, o los gobiernos alteran sustancialmente el delicado equilibrio conseguido en la Convención en año y medio de intensos debates. No nos cabe duda de que el primero es el camino del éxito y que el segundo conduce al fracaso.

Ese fracaso produciría una crisis histórica en el proceso de construcción europea. La ampliación encallaría y la división de los gobiernos, única causa posible de esa situación, se agravaría hasta bloquear el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Por no hablar de la ola gigante de europesimismo que provocaría en la ciudadanía.

Por eso hay que hacer presión sobre los gobernantes que representarán a los Estados miembros en la CIG para que avalen el Proyecto de Constitución Europea y no diluyan, rebajen o cuestionen sus principales logros, que ellos mismos contribuyeron a forjar durante la Convención y que son imprescindibles para que la Unión sea más democrática y eficaz.

La Convención fue un éxito, como proceso y como resultado. La propia existencia de un texto constitucional es un salto adelante que nunca una CIG, por su propio sistema de trabajo, hubiera conseguido.

Ciertamente, el equilibrio que alcanzamos no es plenamente satisfactorio. Hubiera sido deseable un compromiso más ambicioso, más claro, que marcase mejor el perfil federal de una Europa unida. Pero lo conseguido demuestra su fuerza en que gobiernos como el alemán, el francés y el británico coincidan en lo positivo del proyecto de Constitución o en que instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión hayan aprobado dictámenes que lo respaldan y piden a la Conferencia Intergubernamental que haga lo propio.

Ese Proyecto de Constitución, que en muchos aspectos representa un triunfo de los europeístas, tiene un hilo conductor: que la democracia y la ciudadanía entren en todas las esferas de la construcción europea. Y de verdad entran con el proyecto y entraron en su elaboración a través de una Convención plural, abierta, transparente, donde se buscó el consenso entre representantes políticos pensando en términos del bien común europeo, por encima de los intereses nacionales, aunque sin olvidarlos.

La CIG debe mantener esas características y sus participantes tienen que asumir el consenso constitucional establecido en la Convención, por encima de fronteras nacionales o intentos de regatear en corto, y debatir y decidir en público, con paredes de cristal, respondiendo ante las instancias parlamentarias y la opinión pública.

Y España debe contribuir al éxito de la CIG, porque el Proyecto de Constitución Europea es bueno para nuestros intereses nacionales y se corresponde con las aspiraciones de nuestra ciudadanía.

Sin embargo, observamos con preocupación que el Gobierno camina exactamente en la dirección contraria. Si lleva su particular lógica de enfrentamiento hasta el extremo, se mantiene aislado de los principales socios comunitarios y sigue manteniendo una actitud absolutamente rígida, el señor Aznar podría terminar protagonizando un hecho verdaderamente histórico: que España hiciera el papelón de vetar en la CIG la primera Constitución Europea.

¡Claro que nuestro país debe tener un peso adecuado en la futura arquitectura institucional de la Unión! Pero, para conseguirlo, lo más inteligente no es situar el retorno al Tratado de Niza como "línea roja", sino negociar con todos los países (empezando por los cuatro grandes) y buscar soluciones de compromiso que tengan en cuenta a la vez los votos del Consejo y los escaños en el Parlamento Europeo.

Pues conviene no olvidar que lo que en Niza mantuvimos en el Consejo lo perdimos en el Parlamento, en el que Aznar dejó caer ¡el 22%! de la representación española, cuando con la Constitución en la mano, gracias a la extensión del procedimiento de codecisión a nuevos e importantes terrenos, se convertirá en un auténtico poder legislativo de la Unión.

El Gobierno no puede refugiarse en la inflexibilidad para ocultar que no es capaz de generar alianzas estables y eficaces en Europa. ¿Dónde queda el eje Madrid-Londres tras el entendimiento de Chirac, Schröder y Blair en Berlín? Porque el problema no radica en que Aznar no haya participado en esos encuentros, sino en que nuestro país acabará al final asumiendo el coste de los desencuentros europeos en torno a la guerra de Irak. ¿Cuánto durarán las ententes establecidas por Madrid con algunos socios medianos y pequeños?

Tal como están las cosas, la realidad es que podemos terminar pagando en la Unión, que debe ser lo prioritario para España, la carta de los ocho, la foto de las Azores y, ahora, ser más papistas que el Papa en Irak.

De puertas adentro, el Ejecutivo se empeña en transmitir a la opinión pública un mensaje negativo sobre el Proyecto de Constitución. Ni una sola vez su presidente se ha referido al mismo subrayando los importantes pasos hacia adelante que contiene o diciendo que, al menos formalmente, el Gobierno se sumó al consenso de la Convención en torno a la propuesta. Ya sabemos que el señor Aznar fue a regañadientes al proceso constituyente europeo, pero eso no le autoriza a deformar por acción y omisión la imagen de la Constitución ante una ciudadanía que será llamada a votarla en referéndum en junio de 2004, el mismo día que las elecciones europeas.

Hoy por hoy, es el PSOE el que está empeñado en explicar y debatir el proyecto de Constitución Europea con los ciudadanos. Lo hacemos porque creemos que representa un gran avance para la UE y porque nos sentimos -junto con muchos otros- arte y parte del consenso que le dio vida en la Convención. Por eso queremos que la CIG lo respalde y seguiremos trabajando con el Gobierno para que España encuentre una solución aceptable en el terreno institucional. Pero deseamos ver a nuestro país promocionando el éxito de la Conferencia Intergubernamental y la aprobación de la Constitución con sus aliados europeos. Ésa es la vía para que España retorne a Europa, tras el viaje a ninguna parte de la política exterior de Aznar.

Y, por cierto, de la inclusión del cristianismo en la Constitución Europea propuesta por Aznar ya hablaremos en otra ocasión. De momento, vale con sumarnos al amplio "no" con el que le ha respondido el Parlamento Europeo, con muchos democristianos incluidos.

Josep Borrell, Carlos Carnero y Diego López Garrido son diputados del PSOE y miembros de la Convención Europea.