No con mi embrión

Las británicas Natallie Evans, de 30 años, y Lorraine Hadley, de 37, no podrán implantarse los embriones que tienen congelados y que necesitan para conseguir un embarazo. Y no podrán porque ayer perdieron un recurso judicial debido a que Evans y Hadley están separadas y los padres biológicos de los embriones se oponen a los embarazos. Al dictar sentencia, el juez Nicholas Wall recordó que la legislación británica requiere el permiso de los padres en el tratamiento y exigió la destrucción de los embriones, que están congelados.

Evans y Hadley explicaron que la implantación de los embriones era la única vía para concebir de forma natural y argumentaron que la negativa del juez supone una ofensa contra sus derechos humanos. Estéril como consecuencia de un tratamiento de cáncer de ovarios, Evans conserva seis óvulos fecundados con el esperma de su ex novio. Al romperse la relación, éste pidió que se destruyeran los embriones. El ex marido de Hadley también se opone a la implantación de los dos embriones que se crearon y congelaron con su consentimiento. Siente que sería "erróneo" ser padre biológico en las circunstancias actuales, según explicó su abogado.

El juez Wall afirmó que los padres biológicos serían responsables financieramente del niño pero no podrían mantener "una relación paterna natural". El magistrado denegó el permiso automático de apelación, pero sí consintió que lo solicitaran al Tribunal de los Lores, similar al Supremo español. La corte europea es también una opción factible. La sentencia fue un duro golpe para Evans y Hadley, quienes, según sus abogados, consideran que los "embriones son sus bebés" en tanto que "la vida ya ha sido creada y quieren concluir un proceso que ha comenzado". Pero la mayoría de los expertos apoyaron la resolución judicial. "Las parejas acordaron que los embriones sólo podrían utilizarse con el consentimiento de ambos. Consintieron sobre la base de que podrían retirarlo antes de que los embriones fueran sometidos al tratamiento", dijo Michael Wilks, presidente del Comité Ético de la Asociación Médica Británica.

La postura opuesta partió de las clínicas. Ian Craft, del London Fertility Centre, resaltó la ironía entre el doble caso juzgado en Londres y la situación de una mujer embarazada que se separa de su pareja antes de dar a luz: "En una concepción natural, la mujer tiene derechos absolutos que, aparentemente, pierde en casos de tratamiento de fertilidad in vitro". En España la ley no contempla expresamente un caso como éste, pero según Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el resultado sería similar: "No se puede obligar a alguien a ser padre si no quiere", informa Rafael Méndez.