Medio Ambiente prepara ayudas para empresas que reduzcan sus emisiones contaminantes

La Consejería de Medio Ambiente ultima dos órdenes para subvencionar a empresas de producción industrial sujetas a la normativa europea IPPC. Esta directriz, traspasada al ordenamiento español en la Ley 16/2002, prevé la adecuación de los medios de producción para reducir la emisión de agentes contaminantes antes de 2007. Las dos órdenes atañen a los sectores del aderezo (derivados del olivar), ladrillería, cerámica y cal. Estas órdenes se suman a las tres vigentes para la industria del cemento, el galvanizado y los componentes orgánicos volátiles (pinturas y barnices).

El director general de Prevención y Calidad Ambiental, Juan Espadas precisó que la normativa europea prevé que los procesos de los centros de producción industrial adapten sus procesos a la "mejor tecnología disponible" para mitigar el impacto ambiental atmosférico, sólido y líquido.

Durante la celebración de unas jornadas medioambientales organizadas por CC OO, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, recalcó que la disposición de las empresas a cumplir esta normativa es positiva, ya que de lo contrario tendrán que cerrar.

Esta directriz afecta en Andalucía a unas 700 empresas de diferentes sectores, como el agroalimentario, el cementero, el de galvanizados, pinturas y barnices, ladrillería, metales, centrales térmicas o la industria de gestión de los propios residuos (vertederos y plantas de gestión).

Las ayudas que libra Medio Ambiente, en algunos sectores desde hace dos años, sólo incluye las modificaciones complementarias de estas empresas y no las reformas globales a las que las empresas están obligadas. La cuantía de las subvenciones oscila entre el 30% y el 5%.

Guías

Para realizar esta adaptación, el Instituto de Prospectiva Europea realiza guías en las que detalla cuál es la mejor tecnología disponible para cada sector. Algunas de estas guías están en proceso de redacción. Juan Espadas explicó que la Administración andaluza se ha comprometido ha realizar un estudio de diagnóstico de estas empresas afectadas para que sepan qué modificaciones deben realizar.

Hasta ahora están censadas en este proceso de análisis 650 centros industriales, de los que ya ha sido evaluado el 45% del total, según precisó el responsable de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta. La mayoría de las empresas que deben adaptarse está relacionada con el sector agroalimentario.

Juan Espadas explicó que no hay estimaciones exactas del coste global que esta adaptación puede suscitar en Andalucía ya que "hay situaciones diversas, desde modificaciones mínimas hasta las que incumben a todo el sistema" de producción. No obstante, recalcó que se trata de un "tema serio", ya que las empresas tendrán que pasar en 2007 una "reválida" por la que la Unión Europea concede una nueva autorización de la UE para la actividad industrial que sustituye a las licencias actuales.

El responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO, José Lagares, abogó por dar un margen de maniobra a las empresas implicadas en esta renovación, aunque advirtió a los empresarios de que cuando se agote el plazo en 2007 no puede haber excusas.

En la inauguración de las jornadas de CC OO, a las que asisten 150 técnicos y delegados sindicales de las ocho provincias, la consejera también se refirió al segundo Plan de Residuos Peligrosos que la administración debate con empresarios, sindicatos y asociaciones conservacionistas. Coves precisó que la mayoría de las empresas que producen residuos peligrosos, "salvo algunas excepciones, se están comprometiendo" a mejorar la gestión de estos deshechos.

En Andalucía se producen unas 250.000 toneladas de residuos peligrosos al año. Juan Espadas precisó que hay un 20% de este volumen que no es declarado, fundamentalmente por pequeñas empresas. El responsable de Prevención y Calidad Ambiental subrayó que en el problema incide la falta de información, tema en el que incide el Plan de Residuos Peligrosos, que Medio Ambiente prevé aprobar en 2004. Además de la información, el plan prevé medidas de control y sanción a las empresas que no declaren los residuos que producen.