Los partidos renuevan el Pacto de Toledo por cinco años, con la "abstención positiva" de IU

Las pensiones se mantienen como el único consenso de Estado avalado por todos los partidos, pese a los rifirrafes dialécticos. La comisión del Pacto de Toledo aprobó ayer su renovación por otros cinco años con 17 votos a favor y la "abstención positiva de IU". El último paso lo dará mañana el Pleno del Congreso, con el debate del texto por el que los grupos políticos con representación parlamentaria apuestan por la defensa del sistema público de Seguridad Social, recomiendan al Gobierno y a los agentes sociales un paquete de reformas para garantizar su viabilidad futura y se comprometen a no utilizar las pensiones como "arma con fines electoralistas".

El informe de la comisión no permanente del Pacto de Toledo recibió ayer los votos favorables del PP, PSOE, Partido Andalucista (PA), Coalición Canaria (CC) y Convergència i Unió (CiU), ninguno en contra y la "abstención positiva" de IU, término acuñado por su portavoz, Antero Ruiz. El texto recoge 22 recomendaciones, 15 de las cuales suponen la continuación de políticas iniciadas en el primer acuerdo logrado en 1995, y un epílogo comprometiéndose a revisar los resultados dentro de cinco años.

Entre las nuevas recomendaciones, las principales apuestas son: crear una nueva figura para la protección social de las personas dependientes (a causa de su edad o invalidez); estudiar el impacto en la Seguridad Social de la entrada masiva de inmigrantes; analizar las carreras profesionales irregulares (empleo temporal, tiempo parcial o con periodos de paro); impulsar el empleo de las mujeres, y frenar las prejubilaciones.

Esta renovación del acuerdo, como ya ocurrió con el de 1995, cierra un compromiso político para la defensa del sistema público de pensiones. En el preámbulo se asegura que "las reformas exigen un alto grado de consenso" y se añade que la "apuesta por el futuro debe ser comprendida y aceptada por la sociedad".

Las 22 recomendaciones

Los partidos marcan así el camino para afrontar la viabilidad futura, y lo hacen a través de medidas que tienen en cuenta el paulatino envejecimiento de la población (más pensionistas), el descenso de la natalidad (menos cotizantes) y las tensiones que se producirán a medio plazo en el sistema.

Una afluencia de pensionistas que comenzará a partir de 2015, y hasta entonces está previsto que haya superávit.

La comisión parlamentaria, tras tres años de debates, buena parte de ese tiempo dedicado a escuchar a todo tipo de expertos y colectivos afectados, ha elaborado sus 22 recomendaciones para que el Gobierno, los sindicatos y la patronal las desarrollen. Dada la proximidad de las elecciones generales (marzo de 2004) y las declaraciones del actual Ejecutivo, el grueso de esos cambios no se producirá hasta la próxima legislatura.

El mensaje es claro: para garantizar la viabilidad futura de las pensiones hay que trabajar más tiempo y más personas. De ahí que considere que debe ser un "objetivo prioritario" el crecimiento del empleo (es decir, el aumento de cotizantes), fundamentalmente de las mujeres y de los mayores de 50 años. Junto a ello, apuesta por la prolongación voluntaria de la vida laboral; por abundar en medidas para la jubilación gradual y flexible, y por acercar la edad real media de retiro (situada en España en los 63 años de edad) a la edad legal (que se mantiene invariable en los 65 años).

Los diputados que han elaborado este informe ponen un especial acento en el efecto negativo de las prejubilaciones. Piden que se ponga freno a ese mecanismo y a su utilización para ajustar plantillas, y proponen que no se permita el uso de recursos públicos para sufragar la expulsión prematura de trabajadores del mercado laboral. El punto más conflictivo -el aumento de los años de cálculo de la pensión- se ha saldado con una fórmula similar a la adoptada en 1995: "La Comisión se reafirma en la idea de que es preciso seguir reforzando el principio de contributividad como elemento básico para la preservación del equilibrio financiero del sistema".

Con ese fin se recomienda "seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, en la línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años". El primer paso lo dio el Gobierno socialista de 1985 con el aumento de dos a ocho años en el periodo de cálculo de las pensiones, y el segundo el Gabinete del PP de 1996 mediante un pacto con UGT y CC OO, que subió ese plazo de ocho a 15 años. Es decir, con el mandato de "reforzar la contributividad" se da vía libre a que un futuro Gobierno aplique un nuevo aumento, aunque el diputado de IU subrayaba ayer que se ha impedido que la recomendación hable de subir el plazo de cálculo a toda la vida laboral.

Respecto a las actuales pensiones, se propone mejorar las de viudedad y orfandad; dedicar al Fondo de Reserva el superávit "sin límite alguno", y acelerar el plazo de 12 años previsto para que el Estado asuma el pago de los complementos de mínimos y reducirlo a cinco años.

Programas máximos

Todos los grupos destacaron ayer que ese paquete de medidas supone "el punto de encuentro", que ha sido posible porque todos han renunciado a sus programas máximos. Asimismo hubo coincidencias, con palabras similares, en las intervenciones del presidente de la comisión, Jesús Merino, y de los portavoces de los grupos, Tomás Burgos (PP), Isabel López i Chamosa (PSOE), Inma Riera (CiU), Antero Ruiz (CiU), Soledad Monzón (CC) y José Núñez (PA). Este consenso transmite "un mensaje de tranquilidad a los pensionistas y a la sociedad", y "demuestra que se equivocaron los agoreros que vaticinaban la quiebra del sistema en 1977, en 1985 y en 1995, y ahora aplazan esa previsión para dentro de 50 años".

Antero Ruiz justificó la "abstención positiva" de IU porque el pacto puede mejorarse y está a la espera de que en el Pleno se admitan propuestas que va a presentar como votos particulares. Pide que las pensiones mínimas contributivas se equiparen al salario mínimo. Considera que ha sido positivo reforzar la contributividad, pero para el futuro propone que no se aumenten los años y que las pensiones se calculen sobre los 15 años mejores de cotización, elegidos por cada trabajador. En relación a los sistemas complementarios de pensiones, quiere que se calcule el coste fiscal que han supuesto las deducciones en el IRPF durante los cinco últimos años, y que se reduzca el límite máximo de aportaciones deducible.

Los grupos nacionalistas, entre ellos el PNV, también presentarán votos particulares en el Pleno reclamando la descentralización de la gestión de la Seguridad Social.