Un informe de la UE denuncia la concentración de medios en Italia

El acuerdo del lunes de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos de la Eurocámara para que la UE lance un procedimiento contra Italia por "el riesgo de grave violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información" está basado en dos informes sobre derechos fundamentales ya aprobados por el pleno. El último, aprobado el pasado día 4, señala que la Cámara "lamenta que, en particular en Italia, persista una situación de concentración de poder mediático en manos del presidente del Consejo , sin que se haya adoptado una normativa sobre el conflicto de intereses".

En lo relativo a la libertad de expresión y opinión, el informe señala que "la concentración del poder mediático en manos de algunos megagrupos es preocupante: por ejemplo, la situación en Italia, donde el jefe del Gobierno ejerce la tutela sobre el grupo RAI [radiotelevisión pública italiana]

, pero es también propietario del primer grupo de medios de comunicación privados del país"

[Mediaset].

Tras el debate, el Parlamento Europeo aprobó el documento por 221 votos a favor, 195 en contra (la mayoría del Partido Popular Europeo, donde se encuadra el partido de Berlusconi, Forza Italia) y 23 abstenciones. El ponente fue el eurodiputado independiente francés Fodé Sylla, de la Comisión de Libertades, que en el mes de julio pasado ya había aprobado el documento por 24 votos a favor y 17 en contra.

Para la elaboración del documento, Sylla tuvo en cuenta el amplio estudio elaborado por 15 expertos de la UE (uno por país) sobre el grado de cumplimiento en la UE de los derechos fundamentales en 2002. En este documento se indica textualmente: "En la UE, la principal amenaza para la libertad de expresión reside, especialmente, en Italia, en una excesiva concentración de medios de comunicación que podría dañar el pluralismo de información al público".

"Desde que Berlusconi accedió al poder en Italia", continúa, "se ha creado una situación potencialmente peligrosa por la concentración de poder en sociedades de radio y televisión a nivel nacional que no está limitada por eficaces regulaciones que se enfrenten a posibles conflictos de intereses". Los expertos recordaban que, en otoño pasado, fueron apartados de la programación de la RAI los periodistas Michele Santoro y Enzo Biagi, porque "habían criticado en el pasado al actual jefe del Gobierno".

Influencia en contenidos

Anna Terrón, portavoz de los socialistas europeos en la Comisión de Libertades, ha declarado que "ya hay demasiados precedentes sobre las alertas con Italia", porque ya en el año 2002 el Parlamento Europeo aprobó otro informe, en este caso con el eurodiputado socialista holandés Joke Swiebel como ponente, en el que, al referirse a la situación en Italia en 2001, decía textualmente: "En Italia, el control de los medios de comunicación corre a cargo de un Gobierno elegido democráticamente, pero principalmente del primer ministro Berlusconi, que es propietario de tres cadenas de televisión comerciales. Berlusconi influye también indirectamente en el contenido periodístico de la cadena estatal RAI. En este caso, hay muchos intereses cruzados, algo que no debía suceder en democracia".

Teniendo en cuenta todos estos precedentes, la Comisión de Libertades ha solicitado que la UE inicie contra Italia -por primera vez en la historia de la UE- el procedimiento previsto en el artículo 7 del vigente Tratado de Niza, según el cual los países del club pueden incluso privar a un socio del derecho a voto en los consejos de ministros de la UE si se constata "la existencia de un riesgo claro de violación grave" de derechos fundamentales. Es el recurso legal más contundente que tiene la UE para enfrentarse a situaciones de ese tipo.

En 1999 se inició un proceso similar contra Austria por los mensajes xenófobos de Jörg Haider, pero entonces aún no se había aprobado el Tratado de Niza y no existían mecanismos sancionadores como los de ahora. A Austria se le impusieron sanciones mínimas, como congelar las relaciones bilaterales, pero finalmente se levantaron en 2000 sin consecuencias.

La solicitud de la Comisión de Libertades será estudiada ahora el próximo 15 de octubre por los líderes de los grupos parlamentarios de la Eurocámara. Si éstos dan su luz verde, el Parlamento encargará un informe específico al respecto. Si la Cámara constatara ese "riesgo de grave violación", el asunto pasará a manos de los jefes de Estado y de Gobierno. Si "cuatro quintos" de ellos (Italia no podría votar) están de acuerdo, dejarían en suspenso el derecho a voto del Gobierno italiano.

Incluso si los trámites fueran rápidos, el informe previo del Parlamento no sería debatido antes de comenzar 2004 y, por tanto, una vez concluido el semestre de presidencia italiana de la UE este 31 de diciembre. Por tanto, cuando Berlusconi ya no figure como presidente de la UE.