Vivir con lo justo

María Ángeles Giménez, de 38 años, y sus dos hijos, de cuatro y tres, cambiaron hace año y medio un barracón en un poblado chabolista por una vivienda de 45 metros cedida por el Instituto Valenciano de Vivienda en las Casitas Rosas, uno de los principales centros de menudeo de droga de Valencia. Su principal sustento eran los 349,57 euros de la Prestación Económica Reglada (PER), una ayuda que destina Bienestar Social para personas sin recursos y que dejó de cobrar sin previo aviso después de junio. En julio la consejería comenzó a cerrar el grifo de esta subvención por falta de presupuesto. La falta de fondos ha dejado sin estas ayudas a unas 600 familias.

María Ángeles cuenta su caso de espaldas a la estantería del pequeño salón de su casa. Sobre su cuello se descuelga su hija, que durante un buen rato no despega los párpados ni mueve el chupete que tiene entre sus labios. "Es el antibiótico", aclara su madre, "está enferma". En el cuarto hay un sofá de dos plazas, una mesa camilla sin vestir, y tres sillas de madera, además de los pequeños peluches, fotos sin enmarcar, un juego de tazas desparejado y una pequeña televisión que ocupan los estantes del mueble.

"Estoy sola con mis hijos desde que él se fue con otra"

En enero recibió la autorización para cobrar las ayudas ya que cumplía todos los requisitos. Es cabeza de familia monoparental -"estoy sola con mis hijos desde que él se fue con otra"-, está sin trabajo, tiene menores a su cargo y no encuentra trabajo. Pero la prestación no es un cheque en blanco. Tiene una duración de tres años al cabo de los cuales se supone que la familia está en condiciones de reinsertarse en la sociedad, gracias a las contrapartidas formativas, revisiones periódicas por parte de los equipos de servicios sociales y el compromiso de escolarizar a los menores y velar por su salud que comporta el pago.

María Ángeles cumplía con sus obligaciones. Acude a un curso formativo en un taller donde plancha ropa de segunda mano por lo que cobra 30 euros a la semana, de las que desde julio puede prescindir menos que nunca. También tiene a los niños escolarizados, además del resto de compromisos: "Tengo todas las vacunas de los niños, lo tengo todo". Por eso no acaba de entender por qué sin previo aviso sus necesidades más básicas dependen de lo que pueda comprar en el economato que tiene Cáritas en el barrio desde que Bienestar Social dejó de pagar las ayudas.

El de María Ángeles es el caso de otras 30 personas en la zona del Marítimo, según Carlos Sánchez, responsable de Cáritas en la zona, quien comentaba que el miércoles se pusieron en contacto con él 15 personas "en una situación terrible, sin recursos, llorando", debido a la falta de fondos. Incluso que los servicios sociales municipales les remiten a personas sin recursos ante la falta de medios, no sólo de Bienestar Social, sino del ayuntamiento de Valencia. Y "aunque no es nuestra función, hacemos lo que podemos", apunta Sánchez "una vez comprando medicina, otra pagando el recibo del agua para que no la corten y otra dando dinero para que compren comida en nuestro economato, que es más barato que las tiendas", señala. Eso sí, "siempre les decimos que esto que hacemos es obligación de la Administración pública, para que lo sepan".

Josefa Martínez, de 63 años, también se ha quedado sin el PER desde julio. "Por ocho puntos no tengo la pensión de invalidez", comenta, y lanza su retahila de problemas de salud: "Soy asmática, tengo artritis, los huesos de cristal, llevo siete años en tratamiento psiquiátrico y dos intentos de suicidio". Como su compañera, acude los miércoles al economato, aunque al ser mayor de 60 años, puede ir al comedor de los servicios sociales. Sólo sirve comidas, pero algunos días, con suerte, se puede llevar otra ración para la cena. ¿Y los domingos y festivos? "Hago régimen", una dieta forzada por el cierre de los locales.

La situación de Victoria Costa, de 49 años, tampoco es mucho mejor. Además de la ayuda de Cáritas, se sostiene con los 120 euros que le da su hijo de 17 años. Como su hija de 14, esta ingresado en un centro de menores, pero el chaval trabaja y aparta un poco de sus reducidos ingresos para ayudar a su madre, en tratamiento psiquiátrico por depresión. Las tres se deshacen en elogios hacia los trabajadores de base de servicios sociales, y hacia Cáritas, que cubre los vacíos de la administración local y autonómica, como la concejal de Esquerra Unida María Victoria González, que ayer acudió al encuentro con las tres mujeres: "Para que luego Marta Torrado [la concejal de servicios sociales] diga que en Valencia no hay gente con necesidades sociales".

Los problemas en el pago del PER también persiguieron al anterior responsable de Bienestar Social, Rafael Blasco, quien se comprometió a redactar una ley de rentas mínimas que solventará los problemas, aún pendiente. Este periódico pudo saber ayer que Economía ha autorizado un aumento en la partida de las ayudas con la intención de volver a abonar la subvención.