Los grupos parlamentarios quieren acuerdos sobre la ley del Prado

El pleno del Congreso de ayer rechazó la única enmienda a la totalidad del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado, presentada por el grupo Izquierda Unida. El resto de los grupos parlamentarios ofrecieron diálogo para buscar un consenso en torno al cambio jurídico del museo, que coincide con una ampliación de sus centros y actividades. La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, que defendió el texto legal, señaló al final de la sesión que hay "un ambiente positivo" para dotar al museo de todos los instrumentos necesarios.

"La naturaleza pública del Prado es inalienable", afirmó Pilar del Castillo durante su intervención, que repitió en varias ocasiones como respuesta a los temores de la oposición al conocer el texto del proyecto de ley reguladora del Museo del Prado, que se aprobará en esta legislatura. Tras su aparición en el BOE se redactará, en los tres meses siguientes, el estatuto del museo, que amplía y desmenuza los contenidos de la ley.

Tras una introducción sobre la política cultural del Gobierno, que la ministra suele repetir en sus intervenciones, y la historia de las colecciones reales hasta formar en 1819 el museo actual, Pilar del Castillo señaló las adaptaciones de su naturaleza jurídica hasta convertirse en 1985 en organismo autónomo dependiendo de Cultura. Diez años después, el consenso de los grupos parlamentarios, excepto IU, con el Gobierno socialista se centró en la necesidad de ampliar sus instalaciones con un nuevo edificio en el claustro de los Jerónimos, que se suma a los de Villanueva, Casón del Buen Retiro y Salón de Reinos (Museo del Ejército).

El nuevo texto normativo convierte al museo en un organismo público de carácter especial, con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado, "para el óptimo cumplimiento de su fines" y con un régimen jurídico "garante del carácter irrenunciablemente público del museo", que permita una gestión ágil de sus recursos y un mayor nivel de autofinanciación. El objetivo es que en 2006 alcance un 50% de autofinanciación. El proyecto de ley es "garantía de estabilidad, pluralidad y control".

Otro de los aspectos del texto criticado por la oposición es el régimen laboral de los trabajadores del museo, que tendrán un régimen de personal único, basado en el derecho laboral, con dos categorías: un régimen laboral acogido a convenio colectivo, y un régimen excepcional de contratación de alta dirección. "Quedan plenamente garantizados los derechos consolidados de los actuales empleados públicos", afirmó la ministra.

La última parte de su intervención se centró en la captación de recursos económicos para la cobertura de sus actividades, con mención a las grandes exposiciones, que tienen "resultados deslumbrantes", con el apoyo de la reciente ley de Mecenazgo, y las adquisiciones de obras de arte. "Es empeño del Gobierno dotar al Prado del instrumento legal más adecuado para ver cumplidas las expectativas que toda la sociedad tiene puestas en nuestro mejor museo". En su defensa de enmienda a la totalidad, el portavoz del grupo Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, destacó el retraso de este proyecto, previsto hace dos años y que se presenta ahora "de tapadillo". "No nos fiamos del estatuto que se redacte", añadió. Mencionó en varios momentos el estudio realizado por la empresa norteamericana Boston Consulting (pedido por Eduardo Serra a su llegada a la presidencia del patronato del museo) sobre el personal y los aspectos comerciales, que considera la base del texto de la ley.

La "gran inestabilidad" laboral y el "balance comercial" fueron argumentos en contra del proyecto de ley, según Alcaraz. "Nos oponemos a esta ley por la visión mercantilista. Nos roban una parte del museo; nos convierte en clientes". Luis Mardones, de Coalición Canaria, calificó de "dislate" el proyecto de ley, al que presentarán una batería de enmiendas. "Han metido un gol al Gobierno", dijo sobre el texto, presentado sin el dictamen del Consejo de Estado. "Es entregar el museo a un señor privado, una auténtica privatización, que permite al presidente del patronato hacer lo que quiera".

Ignasi Guardans (CiU) apoyó el proyecto, aunque su grupo presentará dos o tres enmiendas, y pidió el consenso, aspecto sobre el que insistió Beatriz Rodríguez-Salmones (PP) durante la tramitación del proyecto "para difuminar los recelos" y llegar a un amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios.