La LAU y la norma de Protección de Consumidores pasan su primer trámite con el rechazo del PP

Los proyectos de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) y de Protección a los Consumidores pasaron ayer su primer trámite parlamentario al superar los debates a la totalidad. Respecto a la primera norma, la consejera de Educación, Cándida Martínez, dijo que con ella se "minimizan" los efectos de la LOU -recurrida ante el Tribunal Constitucional por la propia Cámara y el Gobierno andaluz-, en aquellos aspectos que entran dentro de las competencias andaluzas, como los referidos a la autonomía universitaria, la composición de los consejos sociales, al personal contratado y a la creación de la agencia andaluza de evaluación y acreditación universitaria.

"La LAU pretende garantizar unas generaciones futuras bien formadas", afirmó la consejera, quien resaltó lo que se quiere es lograr el "fortalecimiento de un sistema de universidades autónomas de calidad y abiertas a la sociedad del conocimiento".

Los populares presentaron una enmienda a la totalidad, que fue rechazada por el resto de los grupos, con el argumento de que la futura norma significa un "retroceso" y un "fraude" del Ejecutivo andaluz. El portavoz del PP, Rafael Salas, calificó el proyecto de "hipocresía política", además de "disparate" desde el punto de vista financiero. En consecuencia, para Salas, ayer fue un "día triste para las universidades andaluzas".

El proyecto de Ley de Protección de los Consumidores también superó el debate a la totalidad. Esta normativa que, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, calificó con una de las más "beligerantes y activas", establece fórmulas para que las empresas sancionadas indemnicen a los afectados por los daños ocasionados. Para ello se crea la figura del decomiso de beneficio ilícito obtenido por cualquier irregularidad, que se calculará mediante criterios estimativos cuando no puedan determinarse con exactitud.

También incluye novedades como el reforzamiento del régimen sancionador, la ampliación de las competencias inspectoras de los ayuntamientos y la adaptación de los cambios sociales derivados del uso de las nuevas tecnologías, como el comercio electrónico, la telefonía móvil o Internet. La futura ley creará un registro unificado de infractores, que será de carácter público y en el que figurarán la empresas o personas que hayan cometido alguna irregularidad, y permitirá a los inspectores adoptar medidas cautelares cuando existan indicios de infracción para que no se consumen los hechos.

Perales dijo en su turno no entender los motivos por los que el PP, IU, PA y el grupo mixto rechazaron la ley, si bien reconoció que no cuenta con el consenso de algunas asociaciones de consumidores. Los populares criticaron especialmente la falta de acuerdo unánime, así como que no se impulsen las oficinas municipales de información al consumidor, mientras que Izquierda Unida sostuvo que se trata de un desarrollo reglamentario y no de una ley.