El Parlamento Europeo examina esta semana a Prodi por el 'caso Eurostat'

La Comisión Europea se enfrenta esta semana a la primera gran prueba de fuego a raíz del escándalo Eurostat, la oficina estadística de la UE, en la que se ha descubierto una doble contabilidad, cuentas ocultas y contratos ficticios al menos hasta 1999. El Parlamento Europeo ha citado para el jueves a Romano Prodi, presidente del Ejecutivo comunitario, quien expondrá a los líderes parlamentarios las conclusiones de las primeras investigaciones internas, que pueden poner en riesgo la continuidad de varios comisarios, entre ellos el español Pedro Solbes, y de la Comisión en su conjunto.

Una vez que la Comisión admitió el pasado julio tan graves acusaciones sobre Eurostat y destituyó a su director general, Prodi tiene que explicar ahora los resultados de dos investigaciones: una auditoría hecha sobre una muestra de 400 contratos firmados por Eurostat y otro informe sobre el grado de cumplimiento del reglamento financiero.

Se trata de averiguar si esas irregularidades se produjeron sólo antes de que en otoño de 1999 iniciara su mandato la actual Comisión y no después; si tuvieron conocimiento de lo que ocurría comisarios como Pedro Solbes (Asuntos Económicos), de quien depende Eurostat; el británico Neil Kinnock (Personal); la alemana Michaele Schreyer (Presupuestos), o el propio Prodi, y si, por tanto, existen responsabilidades que se concretarían en la dimisión de algún comisario o de todo el Ejecutivo, como ya ocurrió con la anterior Comisión, presidida por Jacques Santer, por irregularidades mucho más leves.

Sin pruebas

Personas que han conocido borradores de los informes aseguran que no hay pruebas de que las irregularidades se produjeran después de 1999. Aun así, Kinnock resultaría salpicado porque era miembro de la anterior Comisión. Según diversas fuentes del Ejecutivo, precisamente Kinnock y sus colaboradores han intentado centrar el problema exclusivamente en Solbes, cuya dimisión quería provocar Prodi, de acuerdo con las mismas fuentes.

En cuanto al grado de conocimiento de los comisarios de lo que ocurría, el problema es más complicado. La Comisión asegura que no supo nada hasta la pasada primavera, pese a que la OLAF (Oficina europea contra el Fraude) investiga a Eurostat desde 2000. Fue la OLAF la que instó a los jueces de París a abrir el pasado abril una causa a la que la Comisión se sumó en julio. La denuncia se hizo en París porque buena parte de los contratos de Eurostat se firmaron con la sociedad francesa Planistat, que explotaba comercialmente los centros de venta de la base de datos de la oficina estadística.

Yves Franchet, ex director general de Eurostat, desmintió ese supuesto desconocimiento de los comisarios y, en un escrito enviado la pasada semana a este diario, aseguró que él ha enviado a la Comisión las auditorías anuales en las que se reflejaba todo lo que ocurría en la oficina. Los servicios de la comisaria Schreyer, según se deduce del escrito, eran receptores de las auditorías, pero no los de Solbes, según fuentes próximas al comisario español.

Los líderes de los grupos parlamentarios ante los que hablará Prodi ya han tomado posiciones, aunque con prudencia. Sólo Graham Watson, líder del Grupo Liberal, el tercero en la Cámara, ha ido más lejos al insistir en que exigirá dimisiones si se deducen irregularidades cometidas bajo el mandato de la Comisión. Los dos grupos mayoritarios, el Popular y el Socialista, han dejado claro que no permitirán dimisiones aisladas, sino que a cualquier renuncia seguirán ataques concretos contra al menos seis comisarios. La incógnita reside en saber qué iniciativa tomará Prodi, a quien todos los comisarios le dieron en 1999 "garantías", según su portavoz, de que dimitirían si se lo pedía. Al presidente del Ejecutivo, que prometió tolerancia cero al asumir el cargo, le han llegado avisos de los Gobiernos alemán y español de que debe evitar una crisis sin salida. El Gobierno español es uno de los más fervientes defensores del Pacto de Estabilidad, cuyo baluarte en Bruselas es Solbes. Además, sostiene que la UE no puede permitirse la caída de la actual Comisión cuando Europa se enfrenta a la fase final de la Constitución europea y a la ampliación.