La banca extremeña 'pasa por caja'

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se ha salido con la suya de hacer que las cajas y bancos que operan en la comunidad autónoma "coadyuven al desarrollo económico" de ésta.

El impuesto grava entre el 0,3% y el 0,5% de los depósitos, en función del volumen de recursos ajenos que maneje cada entidad

La recién creada Consejería de Hacienda y Presupuesto de la Junta de Extremadura cerró el pasado 31 de julio el plazo para que las 35 instituciones de crédito con negocio en la región presentaran sus autoliquidaciones del impuesto sobre depósitos de las entidades financieras, más conocido como impuesto a la banca. Cajas, bancos y cooperativas de crédito acaban de pasar por primera vez por caja, pues el primer ejercicio de aplicación del controvertido tributo -recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional- ha sido el de 2002.

En el primer año de vigencia, la cuota total a pagar por las cajas, bancos y cooperativas de crédito sujetas al impuesto ascendió a 42,4 millones de euros, si bien el importe líquido -restadas las deducciones por inversiones "de utilidad pública o interés social para la región"- se ha quedado finalmente en 13,4 millones de euros. La Consejería de Hacienda y Presupuesto realiza en la actualidad las comprobaciones oportunas para determinar la exactitud de las autoliquidaciones presentadas por las entidades financieras afectadas.

Sin precedentes

La decisión de una comunidad autónoma de gravar los depósitos que la banca capta en su territorio no tiene precedentes en España y originó una gran polémica a finales del año 2001, cuando la Junta anunció dicha iniciativa fiscal. El tributo está recurrido ante el Tribunal Constitucional, que en octubre del 2002 decidió levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el texto y autorizar su aplicación hasta que haya una sentencia firme, algo que se puede demorar varios años. Los detractores del impuesto, encabezados por el Gobierno central, sostienen que no encaja ni en la Constitución ni en el derecho tributario, fundamentalmente porque consideran que el Ejecutivo autónomo carece de atribuciones para legislar en este terreno y porque grava actividades ya sometidas a tributación.

El impuesto retiene una parte de los ahorros captados. Concretamente, grava entre el 0,3% y el 0,5% de los depósitos, en función del volumen de recursos ajenos que maneje cada entidad. Funciona como la escala del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): a más depósitos, más se paga.

Con ello se persigue "atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y exportación del ahorro", según se recoge en la exposición de motivos de la ley que da forma al canon bancario. Ibarra ha reprochado siempre a la banca, sobre todo la nacional, que no se implicara lo suficiente en el desarrollo extremeño mediante inversiones productivas, como sí hacen las cajas de ahorro mediante la obra social. De hecho, la obra social de las cajas es deducible a la hora de liquidar el impuesto. Las entidades tienen ante sí la disyuntiva de pagar a tocateja la parte proporcional que le corresponda en función del volumen de depósitos o invertir dinero en las áreas de "interés social" que marque cada año el Gobierno extremeño.

Además, la ley contempla una deducción de 5.000 euros por oficina (7.500 euros si está ubicada en poblaciones menores de 2.000 habitantes), con lo que se pretende ser más sensible a las entidades que prestan servicios financieros en el medio rural. Asimismo, las cinco instituciones con sede en Extremadura se deducen otros 200.000 euros adicionales. Están excluidos del tributo las secciones de crédito de las cooperativas.