Un juez investiga a un funcionario por amenazas a un promotor de Elche

El juzgado de Instrucción número 4 de Elche investiga el ataque de dos desconocidos a un promotor urbanístico en su propio despacho el pasado mes de febrero. Durante su declaración, el empresario afirmó recibir amenazas y coacciones por parte de un funcionario del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche en la pugna por la reparcelación del sector E-5. El empresario ilicitano remitió una carta en marzo al alcalde, Diego Macià, donde le informaba de las supuestas irregularidades en uno de los expedientes más importantes del departamento y de las "actitudes mafiosas" de un funcionario municipal.

Gerardo Sánchez, uno de los promotores del sector E-5, zona situada al este de la ciudad, fue agredido en su despacho por dos personas el pasado mes de febrero. El motivo, según narra él mismo en un escrito remitido por registro municipal a Macià el 4 de marzo, es la disputa en la reparcelación de este sector. "En esa fecha fui objeto de amenazas físicas como de desfavorecerme todo lo posible en la reparcelación del sector E-5, remitiéndome a un inacabable pleito; y de coacciones para que vendiera la finca adquirida en el sector", indica el promotor en su carta. Tales "amenazas y coacciones provienen de una persona en quien, a los efectos penales, concurre la condición de funcionario público", añade.

Responsable

De esta situación, Sánchez acusa al alcalde socialista de haber sido "el caldo de cultivo de las irregularidades cometidas" y de tratar de "aprobar el proyecto a toda prisa" a través de "negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada con perjuicio a terceros, prevaricación y tráfico de influencias" que atribuye a los funcionarios de Urbanismo. Las supuestas amenazas y coacciones al promotor las investiga el Juzgado número 4 de Elche, que ha decretado secreto sumarial. La acusación apunta a una funcionaria cuyo suegro es presidente de la Agrupación Urbanística.

Este nuevo capítulo se suma a la polémica parcela de 58.000 metros cuadrados que la familia de la edil socialista Francisca Sabater posee en Arenales del Sol. La oposición critica que la edil votara resoluciones del expediente del plan parcial que comprende 3.200 viviendas en Arenales del Sol, cuando posee suelo en la zona. PP y EU han solicitado la dimisión de la concejal y exigen al alcalde, Diego Macià, una comisión de investigación "necesaria para aclarar la punta del iceberg de esta trama urbanística", según el portavoz popular, Rafael Ramos.

Por su parte, el PSPV afirmó ayer en un comunicado que la agresión denunciada por el promotor está a expensas de un informe solicitado en junio al secretario municipal y descarta abrir una comisión de investigación.Con respecto a la tramitación del expediente de Arenales del Sol, el equipo de gobierno ha encargado otro informe al secretario.