Vecinos de Tablada dicen que Defensa quiere 60.000 euros por sus pisos
Unos 90 vecinos del barrio militar de Tablada, en Sevilla, se han reunido a fin de organizarse como colectivo y seguir los pasos de los del barrio de El Monumento (en San Juan de Aznalfarache) a la hora de rechazar la pretensión del Ministerio de Defensa de venderles los pisos en los que viven por 60.100 euros, un precio que consideran "abusivo".
La portavoz del colectivo, Lina Flores, explicó que los vecinos no desean que les regalen las viviendas, pese a que consideran que después de pagar alquileres durante 36 años (a 204 euros mensuales, que sube con la graduación) a Defensa están "más que pagadas", sino que se revisen los precios para que sean "justos" dado el "mal estado" de los inmuebles, su antigüedad y el hecho de que se trataba de viviendas protegidas. Los pisos, de 67 metros cuadrados, situados en bloques de cuatro plantas sin ascensor, se han tasado en 120.200 euros.
Estos pisos, un total de 106 situados en 12 bloques, son viviendas construidas por Defensa en 1967 para los suboficiales que se encontraban en la base aérea sevillana. Se trata de los edificios más próximos al instituto y al hospital los que ahora se pretenden vender, de los cuales algo más de 90 viviendas se encuentran ocupadas y el resto están deshabitadas, algunas hace más de una década.
El Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifa) les remitió en junio un escrito en el que les daba un mes para decidirse a comprar las viviendas, una resolución que rechazaron aunque Defensa ha desestimado el recurso interpuesto y deberán continuar con los litigios por la vía judicial.
Flores aseguró que los vecinos están dispuestos a continuar el enfrentamiento con Defensa ya que no pueden afrontar la compra, dado que muchos "tienen una edad avanzada, o son viudas o están separados", a los que las pensiones no les alcanzan y que difícilmente conseguirían un crédito.
Los vecinos se quejan del mal estado de conservación de los edificios y señalan que el contrato del Invifa incluye la renuncia a cualquier reclamación a Defensa sobre saneamiento pese a que dentro de dos años tendrán que pasar la Inspección Técnica de Edificios.
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