La Fiscalía imputa un delito de alzamiento de bienes al ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra
La Fiscalía de Sevilla ha denunciado por alzamiento de bienes y maquinación para alterar el precio de las cosas a Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y al director provincial de la Seguridad Social. La denuncia se refiere a la quiebra de Fundición la Plata, una sociedad municipal dedicada al fomento del turismo y la explotación de un cámping, y la posterior venta por adjudicación directa de sus fincas a la también empresa municipal Tragarrales a un precio "muy inferior al de mercado".
El fiscal jefe, Alfredo Flores, ha denunciado ante el juzgado de Cazalla que "la contabilidad de Fundición La Plata está plagada de anomalías" tales como "libro diario sin desglose por partidas, legalizaciones tardías, saltos de fecha y asientos en blanco". Además, según la denuncia, el libro de actas está hecho "sin orden ni concierto" y contiene "graves omisiones" que hacen "imposible seguir la trayectoria social".
La denuncia añade que en 1991 se hicieron unas ampliaciones de capital "que se debieron a la necesidad de obtener subvenciones" y que fueron ejecutadas "no con fondos de los accionistas, como se afirmaba en la escritura" sino "con cheques que fueron pronto anulados o retirados". La Fiscalía ha pedido que se impute a Ángel Rodríguez de la Borbolla; al secretario del Ayuntamiento, J.F.F., y al director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, M.C.H., este último por permitir en junio de 1996 la venta por gestión directa de la finca a la segunda empresa municipal.
La denuncia a la Fiscalía fue presentada por el empresario José Parras, hoy alcalde de Cazalla por el PA, quien sostiene que la finca La Fundición estaba valorada en 540.910 euros y fue adjudicada a Tragarrales "por un precio que todavía se nos oculta, pero muy inferior al de mercado" puesto que su venta pretendía cubrir una deuda con la Seguridad Social de sólo 8.078 euros. La Fiscalía considera que los hechos constituyen presuntos delitos de alzamiento de bienes, quiebra fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas y, además, de los citados, solicita también la imputación del subdirector provincial de Tesorería de la Seguridad Social y al recaudador ejecutivo de la entidad oficial. Los responsables municipales han negado ningún tipo de quiebra fraudulenta aunque han admitido "una gestión con errores, pero en ningún caso dolosa ni culposa". Según sus escritos al juzgado, los gestores han mostrado "una permanente preocupación por solucionar debidamente los problemas existentes".
