Ortega se replantea la continuidad del delegado de Turismo de Cádiz

Los nuevos delitos que la Fiscalía de Cádiz ha imputado al delegado de Turismo y Deporte de la Junta en la provincia gaditana, Antonio Prats, del Partido Andalucista (PA), por hechos ocurridos cuando era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, han obligado al consejero de Turismo y secretario general de esa formación política, Antonio Ortega, a replantearse el apoyo que hasta la fecha le había prestado.

Ortega dejó entrever la noche del sábado que puede replantearse la continuidad del delegado gaditano con estas palabras: "Es razonable y lógico que si las cosas van a más, pues uno piense dar un paso atrás en este sentido para no enturbiar la imagen de la Administración pública, de la actividad pública y de la política en general".

El delegado de Turismo declinó ayer pronunciarse sobre las declaraciones del consejero y sobre su situación personal. Tan sólo afirmó que hay muchas más personas imputadas en los mismos procesos y que "no tiene que defenderse de nada porque no está condenado por nada".

Ante la petición reiterada del PP para que destituya "fulminantemente" a Prats, Ortega defendió la presunción de inocencia del delegado. "Hay que hacer un ejercicio de democracia plena y los políticos debemos de exigirnos para los demás, aunque pudieran ser adversarios, la presunción de inocencia. Es algo que he practicado toda mi vida y voy a seguir practicando. Siempre, como demócrata, mantendré la presunción de inocencia para cualquiera que esté imputado mientras no se demuestre lo contrario", dijo.

Sobre Prats pesan varios procesos judiciales. Está imputado por atentado contra la autoridad y por intento de agresión en la persona del alcalde, Juan Rodríguez, del PP, cuando participó junto con otros políticos en una protesta laboral en el Ayuntamiento de Sanlúcar, que forzó la intervención policial para proteger al primer edil que se encontraba cercado en la alcaldía. Diversas fuentes confirman que el PP ha presentado un vídeo en el que se ve que Prats intenta propinar un golpe al alcalde. Tanto el consejero Ortega, como el delegado, han negado siempre que esas imágenes demuestren ningún tipo de agresión. En este mismo proceso, el fiscal le imputa ahora también un presunto delito de detención ilegal al participar supuestamente en la retención del alcalde durante las horas que no pudo salir del Ayuntamiento.

Con todo, el caso más grave contra Prats es el procedimiento judicial abierto por el Tribunal de Cuentas del Estado por su etapa como concejal de Urbanismo del consistorio sanluqueño. El fiscal ha apreciado varios delitos diferentes que sustentan la acusación: contrataciones ilegales, falsificación de documentos públicos y supuestas condonaciones de deudas contraídas por particulares con las arcas municipales.

Otras dos denuncias salpican al delegado de Turismo, nombrado por Ortega para este cargo en febrero pasado. El propietario de la empresa Parquigrán, dedicada a la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos, José Pizarro, denunció que "un intermediario" le requirió el pago de 180.000 euros como condición previa para la adjudicación de un aparcamiento en la avenida de la Calzada. Prats negó también que desarrollase obras, supuestamente sin licencia, en una vivienda de su propiedad.