El PSC denuncia que la nueva cárcel costará 300 millones y considera recurrir a la justicia

La licitación de las obras para construir la prisión de Brians 2 puede acabar en los tribunales. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) debatirá mañana en la reunión de su grupo parlamentario la presentación de un recurso contencioso-administrativo para reclamar la nulidad del sistema de financiación por el que ha optado el Departamento de Justicia e Interior. Los trabajos se adjudicarán en 69,1 millones de euros, pero la Generalitat las pagará en 30 años y cederá el suelo a la empresa constructora. El PSC asegura que, de esta manera, la cárcel acabará costando 303 millones.

Las empresas constructoras pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de octubre, después de que el Diari Oficial de la Generalitat publicase el anuncio de la licitación el pasado día 5. Las obras durarán dos años y los nuevos módulos penitenciarios albergarán a unos 1.300 presos condenados. Los terrenos están situados en las fincas colindantes de la actual cárcel de Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

El PSC cree que, una vez adjudicadas las obras, es muy difícil echarse atrás porque la indemnización que debería recibir la empresa adjudicataria por daños y perjuicios y lucro cesante sería muy elevada. De ahí que el partido haya optado por considerar la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclamando la nulidad de las bases que regulan esa adjudicación. En la reunión del grupo parlamentario socialista de mañana, posiblemente la última de la legislatura, se debatirá la cuestión.

Brians 2 será la tercera prisión que construya la Generalitat desde que tiene transferidas las competencias penitenciarias, pero será la primera ocasión en la que utilizará este sistema de financiación de las obras. En síntesis, consiste en demorar el pago hasta un máximo de 30 años en lugar de pagar la obra a plazos mientras se realiza o bien al recibirla aplicando un tanto por ciento de interés, que es lo que se denomina el modelo alemán. Al optar por este nuevo sistema, la Generalitat cede el derecho de superficie a la empresa constructora y le paga un alquiler durante tres décadas. Transcurrido ese tiempo, la Administración recupera la titularidad del solar.

Alternativas posibles

Las obras se adjudicarán en 69,1 millones de euros más IVA y el alquiler anual que pagará la Generalitat será de 6,9 millones más IVA. Esta cantidad se incrementará anualmente en el 2,5% en concepto de IPC. La cifra que acabará pagando el Gobierno catalán al cabo de 30 años será de 303 millones de euros, según denunció ayer el diputado del PSC Martí Carnicer. En su opinión, el coste financiero del conjunto de la operación es el equivalente al de un tipo de interés del 11,75%, una cifra muy elevada al actual precio del dinero. "Es una auténtica aberración económica", asegura Carnicer. En su opinión, las leyes de estabilidad presupuestaria obligan a buscar nuevas formas de financiación de obras públicas y el sistema de alquiler puede ser una solución, pero con otras cláusulas económicas.

En este sentido, Carnicer recordó que la memoria de 2002 de la empresa pública de la Generalitat GISA constata varios sistemas de financiación aplicados el año pasado en obras públicas que hubieran reducido considerablemente el coste final de la prisión. Una alternativa es sufragar las obras con un tipo de interés variable del Euribor más un diferencial del 0,20%. Si se optase por este sistema, la prisión acabaría costando 99 millones de euros, explica Carnicer. Otra alternativa, también empleada el año pasado por la Generalitat, es optar por un interés fijo, en torno al 5,06%. En ese caso, la cárcel costaría 136 millones de pesetas. El coste de cualquiera de ambas vías es muy inferior a los 303 millones que se acabarán pagando, sostiene el PSC.

Joan Herrera, portavoz de ICV, asegura: "Resulta muy sospechoso que una cárcel que lleva seis años de retraso se quiera adjudicar ahora con prisas si no es porque se quiere favorcer a empresas o personas cercanas a CiU". Herrera considera que este sistema de financiación es "pan para hoy y hambre para mañana, porque se puede lograr el déficit cero, pero a cambio de endeudarse de por vida".

El Departamento de Justicia defiende la vía elegida y asegura que desde hace tiempo la está empleando en el ámbito penitenciario. Eso sí, en la construcción de obras con un coste mucho menor.