Los jueces conceden el 70% de órdenes de protección solicitadas por maltrato

Los jueces aceptan tres de cada cuatro solicitudes de orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Así se desprende de los primeros datos sobre la aplicación de esta nueva medida, referidos a seis grandes ciudades. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca se han presentado un total de 245 peticiones de protección desde que entró en vigor la orden, el 2 de agosto. Los jueces concedieron 176 y denegaron 69 (el 28%). El alejamiento del agresor respecto a la víctima ha sido, con creces, la medida cautelar más aplicada.

La nueva herramienta de protección a las víctimas entró en vigor el pasado 2 de agosto con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Permite al juez de instrucción dictar, en un plazo máximo de 72 horas, medidas cautelares de protección a la víctima que denuncie su situación. Estas pueden ser penales, como el alejamiento del agresor, o civiles (entre ellas la atribución del domicilio y/o de la guarda y custodia de los hijos a la víctima). La orden también permite activar la ayuda social y económica (300 euros al mes para las personas agredidas que carezcan de recursos).

Los primeros datos, referidos a seis grandes ciudades donde reside una sexta parte de la población de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Palma de Mallorca) abarcan desde el 2 de agosto hasta el 7 de septiembre. Revelan que los jueces han aceptado tres de cada cuatro solicitudes: de las 245 peticiones, sólo se denegaron 69 (el 28%), según la información obtenida de fuentes judiciales.

Cifras "razonables"

Para la magistrada Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas cifras, pese a ser parciales, son "razonables". "Habría sido muy negativo que se hubiera registrado una avalancha desmedida de solicitudes, porque eso habría indicado que se solicitaba esa medida sin un motivo relacionado con la comisión de un delito o falta de violencia doméstica", apunta. "Las denegaciones revelan que funciona el filtro que ejercen los jueces, lo que es una garantía para el ciudadano", añade. "Hay que tener en cuenta que los jueces deciden si dictan, o no, la orden después de escuchar al agresor y a la víctima por separado el mismo día que se presenta la solicitud de protección", concluye la vocal del CGPJ.

Según las cifras provisionales a que ha tenido acceso este periódico, el número de solicitudes ha sido especialmente alto en Madrid: 104, de las que se han denegado 26 (ver gráfico). A continuación se situaron Sevilla (37 peticiones), Palma de Mallorca (29), Bilbao (27), Zaragoza (23) y Barcelona (25).

La proporción de solicitudes rechazadas por los jueces (el 28% en el conjunto de las seis ciudades) varía mucho: desde la aceptación de todas las solicitudes en Barcelona hasta el rechazo de siete de cada diez en Palma de Mallorca.

En la práctica totalidad de las órdenes dictadas (172 de las 176) se han incluido medidas penales, fundamentalmente la prohibición al agresor de acercarse a la víctima (alejamiento). En 115 peticiones sólo se han dictado medidas penales y en otros 57 casos se han adoptado medidas penales y civiles. Entre estas últimas figuran la atribución provisional del domicilio familiar y/o de la guarda y custodia de los hijos a la víctima y el establecimiento de pensión por alimentación. Todas las medidas son provisionales.

"Datos muy positivos"

"A tenor de los datos que manejamos, la orden de protección ha funcionado de forma muy positiva y con toda normalidad en todo el territorio nacional", aseguró ayer el director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego.

La responsable de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, consideró que aún es pronto para hacer "una evaluación a fondo" de la nueva herramienta. Destacó que en las comunidades autónomas "existe mucha preocupación por las dificultades que encuentran para aplicar la orden de protección". Las administraciones autonómicas son las responsables de la atención social a las víctimas. "Si no reciben fondos del Estado para aplicar la orden, ésta será un fracaso", vaticinó.

"El porcentaje de concesiones de la orden de protección es sorprendentemente alto. Confirma que cuando una mujer pide esa medida es que está realmente en peligro", aseguró la diputada de IU Marisa Castro.

El Consejo General del Poder Judicial ofrecerá el lunes los datos nacionales sobre la orden de protección. Para ello ha recabado información de los 436 decanatos que agrupan a 1.424 juzgados. Ese día, la comisión de seguimiento de la orden de protección (formada por representantes de la Administración General del Estado y del mundo de la justicia) analizará las cifras y estudiará la puesta en marcha del registro de los casos de violencia doméstica.