Ruiz Polanco reabre el caso de los salafistas detenidos en Cataluña

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ha reabierto el caso de los 16 presuntos salafistas detenidos el 25 de enero en Cataluña por su presunta vinculación con Al Qaeda pero que, tras dos meses en prisión, quedaron libres por falta de pruebas. A petición del fiscal Pedro Rubira y pese a que el asunto estaba archivado, el juez ha citado a cuatro de los imputados para el 30 de septiembre.

La Operación Lago, en la que intervinieron 150 agentes de información, de los GEO y de los Tedax, supuso inicialmente la detención de 24 personas, aunque sólo 16 pasaron a disposición judicial por su presunta vinculación con la organización que dirige Osama Bin Laden. Además, fueron incautadas diversas sustancias potencialmente peligrosas, que tras los análisis en el laboratorio militar de La Marañosa (Madrid) y con reactivos traídos de Estados Unidos, resultaron ser inocuas.

Precisamente la existencia de esta supuesta célula durmiente de la red terrorista de Bin Laden en Cataluña sirvió al presidente José María Aznar para justificar -primero en A Coruña y luego en el Congreso- su apoyo a la política intervencionista de George W. Bush en Irak. El propio Aznar declaró poco después de las detenciones que los arrestados estaban en posesión de explosivos y que preparaban atentados en España.

'Comando Dixan'

A los detenidos les fue intervenido material electrónico, cables y teléfonos móviles, que según la policía, eran susceptibles de ser utilizados para la activación de artefactos, pero las sustancias intervenidas resultaron ser detergente, lo que motivó que en algunos medios, de forma irónica, calificaran al grupo como "el comando Dixan".

El juez Ruiz Polanco, a mediados de febrero, llegó a dar un ultimátum a la policía para que aportara las pruebas contra los 16 detenidos. Finalmente, y a la vista de que en la causa no había ningún indicio medianamente serio de la peligrosidad de la supuesta célula, el juez puso en libertad a los detenidos y, en junio, archivó la causa.

Ahora, con fecha 11 de septiembre, el juez Ruiz Polanco ha reabierto el proceso, a petición del fiscal Rubira. La razón de la reapertura es un informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior, de la Policía, fechado el 15 de julio, y que se basa en otro del FBI, en el que se dice que las algunas de las sustancias intervenidas a los presuntos salafistas mezcladas pueden servir para hacer una bomba incendiaria conocida como napalm casero.

El informe en cuestión se refiere a un análisis efectuado en los laboratorios del FBI de las sustancias encontradas en los bidones dejados en un contenedor el 17 de diciembre de 2002 por Djamal Boudjaltia y el encontrado en una botella de plástico.

"Napalm casero"

"El FBI destaca la circunstancia", señala el informe de la policía española, "de que si el líquido inflamable derivado del petróleo hallado en un bidón con el nombre Finish-kare se mezcla con el material hallado en la botella, que es viscoso, compuesto sobre todo por estireno, el resultado es un producto conocido como napalm casero".

La policía menciona un segundo informe del FBI sobre la técnica de Al Qaeda para disponer de placas base electrónicas que luego utiliza en la elaboración de artefactos explosivos. La policía relaciona esas placas con el material electrónico encontrado a los miembros del grupo, uno de los cuales, Mohamed Nebbar, es ingeniero electrónico.

El juez ha citado para el día 30 a cuatro de los detenidos en enero, Mohamed Tahraoui, Mohamed Nebbar, Mohamed Amine Benaboura y Djamal Boudjaltia, que tenían el material electrónico o las sustancias inflamables. Fuentes jurídicas consideraron que los citados no deben ser tan peligrosos cuando les citan, en lugar de detenerlos, y más de dos meses después del informe policial.

Hace unos días, 11 de los presuntos salafistas anunciaron su intención de reclamar una indemnización por error judicial.