Los Gobiernos vasco y catalán critican el "cambio" de los socialistas

El consenso alcanzado entre el PP y el PSOE sobre la reforma de la ley de Extranjería que planteó el Gobierno ha levantado una oleada de críticas, especialmente dirigidas a los socialistas, y contadísimas felicitaciones. El Gobierno vasco, partidos como IU, los sindicatos, las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las ONG más significativas han arremetido contra el acuerdo, que califican de electoralista, operación estética e incluso de ineficaz para frenar la inmigración.

El director de Inmigración del Gobierno Vasco, Omer Oke, tildó el pacto de "operación estética en la que el PSOE se ha sumado a la postura del PP" y denunció que "se ha perdido la oportunidad" para presentar una ley "consensuada entre los partidos y las autonomías". Tampoco le ha gustado el acuerdo al conseller en cap de la Generalitat catalana, Artur Mas, para quien es "intolerable" que la nueva reforma no incluya la transferencia de competencias a las autonomías. Mas criticó la actitud del PSOE, "porque en dos años han pasado de pedir papeles para todos en la Iglesia del Pi [de Barcelona, donde se encerraron numerosos inmigrantes durante semanas] a ponerse de acuerdo con el PP".

Por su lado, la Secretaría de Política Social de UGT de Cantabria ha calificado de "inadecuada e insuficiente" la nueva reforma de la Ley porque, entre otros motivos, la regulación de la entrada de extranjeros "no garantiza sus derechos más elementales" y porque "no se aborda de una manera eficaz, una vez más, la vertiente integral y laboral de la inmigración". La Secretaría de Migraciones de CC OO valoró los acuerdos alcanzados, pero criticó el que "sigan existiendo lagunas e insuficiencias que pueden generar situaciones de discrecionalidad". La Unión Sindical Obrera añadió que tras el pacto se mantiene "el espíritu policial y restrictivo" del texto original.

"Demasiado policial"

Mientras, los sindicatos de policía como la Asociación Unificada de la Guardia Civil se mostraron convencidos de que la reforma de la ley no servirá para frenar la oleada de pateras en las costas españolas, pero sí contribuirá a agilizar los procesos de expulsión de los inmigrantes que lleguen en situación ilegal. Manolo Mato, portavoz de la AUGC, dijo que la reforma se centra demasiado en la "tramitación y expulsión" de los inmigrantes indocumentados y tiene un "carácter demasiado policial".

La responsable de Política Interior, Refugio y Derechos Humanos de la Sección Española de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz, denunció que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE no aborda las "graves" limitaciones de derechos de los extranjeros que contiene la actual normativa. "También se vulneran derechos de los solicitantes de asilo al obligar a los transportistas a hacerse cargo de los pasajeros que no cumplan los requisitos de entrada en España", agregó.