Todos los grupos menos el PSOE apoyan al estatuto marco del personal sanitario

El proyecto de ley de Estatuto Marco (una especie de convenio colectivo para los 600.000 profesionales sanitarios) fue aprobado ayer en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos menos el PSOE, que mantuvo lo que su portavoz de Sanidad, Alfredo Arola, calificó de "abstención beligerante" debido a sus "serias objeciones". A la votación faltaron los representantes del Bloque Nacionalista Galego y la Chunta Aragonesista, quienes han manifestado en otras ocasiones su rechazo a la norma.

Convergència i Unió cambió su voto con respecto al mantenido la semana pasada en la Comisión de Sanidad (entonces se abstuvo). La portavoz catalana, Zoila Riera, sólo mantuvo tres enmiendas como "irrenunciables": las que confieren a las comunidades la regulación de los permisos retribuidos para realizar cursos.

El apoyo de todos los grupos (menos el PP) fue "condicionado" a la aceptación de algunas enmiendas en el Senado. La portavoz del PNV, Margarita Uría, citó que deberían ser las comunidades las que fijaran las retribuciones básicas. "Estamos abiertos a seguir dialogando" para incorporar nuevas propuestas de los otros partidos durante su tramitación en el Senado, dijo al término de la sesión la ministra de Sanidad, Ana Pastor.

Jornada máxima

Entre otros aspectos, la norma regula la jornada (fija el máximo de 48 horas semanales, según una directiva comunitaria), las guardias, la participación sindical y las relaciones laborales de los trabajadores en prácticas y en formación (MIR). Pastor destacó que se trataba de dar "más derechos a los trabajadores", y que el nuevo estatuto sustituía a reglamentaciones "preconstitucionales".

La abstención del PSOE se debe a que pide una formulación más clara de la financiación, a que "no se hace bien la trasposición de la jornada de 48 horas ni se fija un máximo semanal", señaló Arola. El portavoz socialista también destacó la "invasión de competencias, la regulación inadecuada de las prácticas" y que opinaba que con la ley se dificultaba la homologación de las categorías otorgadas por las comunidades autónomas, y con ello se impedía la movilidad de los trabajadores.

Menos apoyo obtuvo la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Uría destacó que la convocatoria de pruebas de promoción y las categorías profesionales deberían ser responsabilidad de las comunidades autónomas. Para el socialista Jaime Blanco y la representante de Izquierda Unida, Marisa Castro, la ley da "demasiadas competencias a los colegios profesionales", a los que encomienda el control de los procesos de promoción de los trabajadores. Pastor afirmó que "era mentira" que se diera más poder a los colegios profesionales, y que la ley sólo recogía "las competencias que ya tienen asignadas".