Leyes a medida

Yo no creo que el Gobierno valenciano modifique la Ley de Patrimonio con el exclusivo fin de que Díaz Alperi construya un palacio de congresos en el monte Benacantil. Aunque, si deseara hacerlo, no le faltarían razones para ello. Todas de peso, por supuesto. Es indiscutible que Alicante necesita un palacio de congresos para animar su turismo, algo decaído fuera de temporada. Además, cuando una ciudad ha decidido vivir a costa del visitante precisa, antes o después, poseer una de esas construcciones que aseguran la presencia abundante de forasteros durante todo el año. En estos asuntos, la maquinaria no puede detenerse.

Por otra parte, los alicantinos le han dado a Luis Díaz la mayoría absoluta en cada cita electoral a la que ha concurrido. Y Díaz siempre ha manifestado su propósito de edificar un palacio de congresos en el Benacantil. En este punto, no caben discusiones y nadie puede llamarse a engaño. Por eso carece de sentido afirmar, como hace la oposición, que el edificio se construirá contra la voluntad de los alicantinos. Es cierto que a numerosos ciudadanos no les agradaría verlo sobre la ladera del Benacantil y han expresado repetidas veces su rechazo. Por desgracia, estos ciudadanos están en minoría y poco pueden hacer más allá de manifestar su disgusto. Quizá la oposición debería haberse esforzado en ganar las elecciones.

Personalmente, aunque se modifique la ley y nada impida edificarlo en el Benacantil, yo me seguiré oponiendo a su construcción. En mi opinión, éste no es un problema que se resuelva con leyes, sino con sentido común, con buen gusto, con respeto a una ciudad. La experiencia nos dice que estos conflictos, para llegar a buen punto, necesitan sensibilidad y talante negociador por parte de las autoridades. El cambio que ahora propone el Gobierno valenciano dará un salvoconducto a Díaz ante los tribunales, pero no evitará el malestar en la ciudad y la indignación de numerosas personas. Y todo ello, con una ley que pretende defender el patrimonio de los valencianos y, sin embargo, permite la destrucción de un paisaje que estiman miles de alicantinos.

Desconozco los motivos íntimos que han llevado al alcalde de Alicante a empeñarse en este emplazamiento para el palacio de congresos. En las manifestaciones que Díaz ha efectuado sobre este asunto, no he escuchado otros argumentos que las generalidades habituales en estos casos: las ventajas que su construcción reportará a la población y la mejora que supondrá para la imagen de Alicante. Palabra arriba, palabra abajo, son las mismas razones que se vienen repitiendo, desde hace 30 o 40 años, cada vez que se comete una arbitrariedad urbanística en la ciudad. Así nos ha ido.

Si el ardor que Díaz ha mostrado en defender la ubicación del palacio de congresos en el Benacantil lo hubiera empleado en buscar soluciones, el caso estaría resuelto desde hace tiempo. De haber pedido consejo a los especialistas, de haberse asesorado convenientemente, podrían haberse encontrado algunos lugares más convenientes para la ciudad. Todos hubiéramos ganado con ello. Pero, a ciertas personas el diálogo debe parecerles una claudicación y prefieren encargar una ley que les resuelva el problema.