Misteriosa reforma

El tema que más dará que hablar durante los próximos meses en Andalucía fue un asunto que apareció por sorpresa en un debate del estado de la región, hace algo más de dos años, sin que, aparentemente, hubiera ninguna discusión previa: los diputados socialistas sólo tenían la consigna de aplaudir fervorosamente cuando Manuel Chaves hiciera referencia a la reforma del Estatuto andaluz y la vinculara a la segunda modernización, sin que nadie haya explicado todavía qué partes del Estatuto son las que frenan nuestro desarrollo.

¿Es nuestro Estatuto el que impide que Chaves pueda cumplir su promesa de, en el plazo de 18 años, situar a Andalucía entre las 20 primeras regiones europeas, saltando por encima no sólo del resto de las regiones españolas sino de Núremberg, Amberes, Friburgo, Dusseldorf, Hannover, Berlín, Luxemburgo o Dinamarca?

Sorprende que sea necesario reformar nuestro Estatuto cuando, más de 20 años después de su promulgación, aún no se ha aplicado por completo y todavía quedan leyes que desarrollar para su completo cumplimiento. Es cierto que el Estatuto tiene importantes lagunas, pero, hasta el momento, no ha sido difícil encontrar atajos legales que llenen los vacíos, como el que, por ejemplo, permite al presidente de la Junta adelantar las elecciones autonómicas.

En cualquier caso, la iniciativa no parece demasiado oportuna en las actuales circunstancias: en vísperas de unas elecciones legislativas, de las autonómicas de Cataluña y Andalucía y mientras se calienta el debate -que cada día es más bronco- del plan Ibarretxe.

En su reunión de Santillana, el PSOE ha desplegado dos propuestas muy razonables: la conversión del Senado en Cámara autonómica y la participación de las comunidades en el diálogo con Europa. Lo que no se entiende es que sea necesario el cambio de los estatutos para "afrontar los problemas de la inseguridad y de la vivienda", como afirma Maragall, o la convergencia con Europa, como pretende Chaves.

Convertir una reforma en elemento de confrontación garantiza su fracaso o, al menos, su aplazamiento. Para la reforma del Estatuto se necesita un amplio consenso en el que resulta imprescindible la colaboración del PP. Es conocido el fundamentalismo -propio de un converso- que viene profesando Aznar en los últimos años y que le hace contemplar nuestra Constitución y nuestros estatutos como normas inmutables.

Reivindicar en estas circunstancias la reforma del Estatuto andaluz es inútil, además de innecesario. ¿Me tendrían por mal pensado si les digo que más bien parece una jugada preelectoral que pretendería revivir lo ocurrido en 1980, cuando la derecha se autocondenó al ostracismo al oponerse a que Andalucía fuera una autonomía de vía rápida? Si no, ¿por qué aplazar más de dos años este debate para reabrirlo, precisamente, en vísperas electorales?

Esta jugada puede reforzar al PSOE-A en las autonómicas andaluzas y catalanas. Pero puede terminar de hundir a Zapatero, que se convertiría en un blanco fácil de los dardos del PP en su cruzada por la unidad de España.