El Gobierno vasco demanda al Estado en Estrasburgo por la Ley de Partidos

La demanda del Gobierno vasco reitera los argumentos que ya usó en su recurso de inconstitucionalidad. La Ley de Partidos, afirma la demanda, introduce límites que no encuentran fundamento en la Constitución, adquiere un sesgo de medida de excepción, restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y fuerza en extremo el funcionamiento del principio de separación de poderes. Asimismo, a su juicio limita la actividad de los partidos, tiene un sesgo de medida de excepción.

El Gobierno vasco pretende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que la sentencia del Constitucional se dictó "con infracción del derecho a un tribunal imparcial", en alusión a Manuel Jiménez de Parga; que declare que los preceptos impugnados en aquel recurso infringen derechos recogidos en el Convenio Europeo y que obligue al Gobierno español a adoptar las medidas precisas para dejar sin efecto los artículos de la Ley recurridos y "todas las actuaciones que se hubieran sustanciado" en aplicación de ellos. Esto incluiría la propia ilegalización de Batasuna.

Tanto el PP como el PSE criticaron la actuación del Gobierno vasco y desearon que los jueces europeos le den "una respuesta adecuada". El portavoz socialista, Rodolfo Ares, afirmó que el Ejecutivo autonómico, que ya ha "aburrido a España" quiere ahora "aburrir al conjunto de Europa", juzgó que su iniciativa responde a la necesidad de Ibarretxe de contar con Batasuna para sacar adelante su plan soberanista y de seguir "pescando" en su electorado. El Partido Popular le acusó de ser "defensor a ultranza de ETA y Batasuna", y vaticinó que la demanda sólo le servirá para "hacer el ridículo".