'Bous al Carrer' con licencia local

El balance provisional después de 1.678 festejos de Bous al Carrer en lo que va de año es de 6 personas muertas y 209 heridas. A pesar de ello, la Dirección General de Interior, de la que depende el área de espectáculos y que está a cargo de Luis Ibáñez, no ha expedientado ni sancionado a ninguno de los ayuntamientos en los que han ocurrido los hechos. Informes sí ha solicitado (cuatro en Valencia, cinco en Castellón y dos en Alicante). Pero no ha abierto ningún expediente. Sólo en tres casos, se registra oficialmente que están pendientes de calificarse los informes -el que corresponde a la muerte de un espectador el pasado día 1 en Montroy, y el del fallecimiento de una vecina de Artana al día siguiente al atravesar una barrera minutos antes de la suelta de los toros-.

La diferencia con 2002 es que en ese año se celebraron en la Comunidad Valenciana 2.309 festejos en los que hubo 3 muertos y 426 heridos sin que Interior solicitara ni un solo informe sobre los detalles de lo ocurrido. Por tanto, a pesar de los incidentes, ni el pasado año ni éste se ha sancionado a ninguna corporación municipal, una competencia de la Dirección General de Interior.

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) y ganaderos medios critican la actitud de la Generalitat. Los primeros por la falta de fiscalización de que los requisitos que se exigen se cumplan realmente. Los segundos porque las exigencias con respecto a las reses son muchas y su responsabilidad en caso de accidente alguno es muy grande, sin que se vea ayudada o compartida por los ayuntamientos en la mayoría de los casos. Son dos de las consecuencias del decreto sobre festejos taurinos aprobado el 23 de abril de 2002.

Ya en los debates previos del articulado del decreto surgió la polémica. Los intereses fueron evidentemente encontrados. Por un lado, la Administración debía garantizar la seguridad. Pero esa exigencia suponía, en ocasiones, ir contra el espíritu de la fiesta que defienden los aficionados. A ese malestar se unieron los municipios pequeños de escaso presupuesto incapaces de asumir los costes económicos a los que tenían que hacer frente. De hecho, un artículo del decreto que regula los festejos de Bous al Carrer fue denunciado ante la fiscalía hace dos meses porque dejaba al libre albedrío de los ayuntamientos cuestiones determinantes para la seguridad en los recorridos y cierre de los mismos durante su celebración. Sea como fuere, el articulado especifica las condiciones en las que debe celebrarse el festejo. Se reconoce a Interior como instancia única para la autorización de los mismos. Pero el cumplimiento de esas mismas condiciones corresponde a los promotores y organizadores bajo la vigilancia de los ayuntamientos sin que ningún organismo superior controle sobre el terreno la ejecución de las exigencias legales. Casi todo el trámite se realiza a través del fax, fotocopias o por correo.

Promotores y organizadores aseguran, exigiendo siempre el anonimato para hablar, que las normas han encarecido de forma importante la fiesta. Esa es la razón, según estas fuentes, que explica por qué en 2002 se celebraron en la Comunidad Valenciana 2.309 festejos, mientras que este año se hayan reducido a 1.678 hasta el 5 de septiembre.

Alfonso Chillerón, presidente de Anpba, considera que el decreto aprobado el pasado año "no ofrece garantías de seguridad" y se muestra "sorprendido" de que Interior no haya actuado en los festejos de Alfara de Algimia "después de que un día se suspendiera porque el técnico no llegó a tiempo y el siguiente un vecino lanzara cal viva a un animal, lo que la ley recoge como maltrato y entiende como razón de suspensión y sanción".

Fuentes de Cruz Roja en los municipios con mayor tradición de Bous al Carrer, como Aielo, Museros, Chiva o Castellnovo y Betxí, aseguran que figuras recogidas en la norma como los voluntarios colaboradores o los expertos taurinos no existen en la mayoría de los casos. Fuentes de la Policía Local de estos municipios, incluyendo Artana, aseguran que a pesar de los intentos no todo está tan bajo control en la fiesta como debería y que en algunos casos, hay una actitud de pasividad desde los ayuntamientos porque la presión que se practica desde el Consell es más formal que real.