El daño ecológico de la ampliación de Barajas llega a Bruselas

Veinte ayuntamientos afectados por la ampliación del aeropuerto de Barajas acudirán el jueves a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar estas obras por los perjuicios medioambientales que ocasionan. Argumentan que la modificación del cauce del río Jarama, necesaria para la prolongación del aeródromo, daña la flora y fauna de la zona y que aumenta el riesgo de riadas. Los municipios esperan obtener del Parlamento Europeo un dictamen que obligue al Ministerio de Fomento a indemnizarles. Pero los daños en el Jarama son ya irreparables.

Las aguas del río Jarama discurren ya por un nuevo cauce en un tramo de dos kilómetros. El antiguo, por el que el río fluía desde hace miles de años, ha tenido que ser destruido porque cruzaba lo que serán la cuarta y quinta pistas del futuro aeropuerto. En su nueva ubicación, a la que ha sido desplazado por los técnicos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el río cruza una zona árida por la que discurre encajonado entre enormes bloques de piedra. Ni rastro queda del bosque de ribera que corría paralelo al Jarama.

Ésta es la principal razón por la que una veintena de ayuntamientos de la región llevan dos años protestando ante la Unión Europea. Los municipios consideran que el Gobierno español ha incumplido con las obras de Barajas las leyes europeas que preservan las zonas de especial protección ecológica (Zepa).

Los ayuntamientos consideran que "se ha dañado de forma irreversible un espacio natural de primera magnitud, como era el cauce del Jarama", según declaró la alcaldesa de San Fernando de Henares, Montserrat Muñoz, en una reunión celebrada el pasado jueves y en la que participaron representantes de todos los ayuntamientos. Muñoz es de IU, pero entre los municipios representados los hay de todos los colores políticos.

Javier Blanco, de Ecologistas en Acción en Coslada-San Fernando, destaca "la pérdida de poblaciones de aves que habitaban en la zona, como la oropéndola y el martín pescador". Blanco añade otros peligros derivados de la canalización del Jarama: "Se ha roto el sistema de filtraciones que mantenía al río conectado con las aguas subterráneas. El subsuelo ya no podrá aportar más agua cuando el cauce baje escaso ni asumir parte del caudal cuando haya crecidas".

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a la que acudirán este jueves los representantes municipales, es un organismo creado por el Tratado de Maastricht. A él puede acudir cualquier ciudadano, institución o entidad que considere que uno o más Gobiernos de la Unión Europea han incumplido normativas comunitarias en alguna de las áreas en las que Bruselas tiene competencias (medio ambiente, libre circulación de personas...). En este caso, la demanda se basa en la legislación que obliga a las instituciones de la Unión a velar por los espacios naturales de los países miembros.

Aceptada a trámite

Cada año, la Comisión de Peticiones recibe unas 1.200 solicitudes, de las que acepta a trámite aproximadamente el 60%. La demanda presentada por los ayuntamientos de la región es una de las aceptadas a trámite el pasado mes de julio. En ella, los recurrentes describen los daños causados al cauce del río, destacan que el Jarama está declarado lugar de interés comunitario (LIC) y que forma parte de la Red Natura de la propia UE. Finalmente, los alcaldes se preguntan si estos daños no incumplen la Directiva Comunitaria de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora.

El próximo día 11, la Comisión de Peticiones entrará a examinar la documentación aportada por los ayuntamientos y la que le remitió el Ministerio de Fomento el pasado mes de mayo. Una vez visto el asunto, podrá hacer dos cosas: emitir un dictamen o reclamar más información a cualquiera de las dos partes implicadas (ayuntamientos o AENA).

El dictamen que emita la Comisión de Peticiones puede culpar a Fomento de haber incumplido la normativa europea de protección de espacios naturales. Sin embargo, son escasas las potestades de sanción o indemnización que le confiere el Tratado de Maastricht, a no ser que posteriormente la Comisión Europea se sume al proceso en favor de los ayuntamientos, algo poco probable.

Pese a ello, el dictamen de la Comisión puede instar a Fomento a reparar en lo posible los daños causados en el ecosistema destruido. Montserrat Muñoz considera que AENA debería indemnizar a los vecinos de la zona "invirtiendo medioambientalmente en los espacios dañados y cercanos para devolver a los vecinos de la zona lo que las gigantescas obras les han quitado".

Los Gobiernos tienden a cumplir los dictámenes de la Comisión de Peticiones. Así lo hizo el Gobierno español hace cinco años cuando un ciudadano denunció ante la citada Comisión que España incumplía la normativa de protección de la fauna silvestre por la captura de lobos en Cantabria.