El Consell "exige" a Iberdrola una inversión de 600 millones en la red eléctrica hasta 2006

José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras, sometió ayer al pleno del Consell un informe sobre la situación y perspectivas del sector energético en la Comunidad Valenciana que pone de relieve los puntos débiles del modelo actual. García Antón explicó que el apoyo estatal a los grandes proyectos de generación energética ha provocado el abandono de la distribución y subrayó que, "ahora", el Consell "exige" a Iberdrola una inversión de 600 millones de euros hasta 2006 para adecuar su red a las necesidades de la Comunidad Valenciana.

"Más del 12% de los incendios son debidos a obras en zonas forestales"

El gas nutre el 61% del consumo energético de la industria valenciana

Iberdrola controla en exclusiva la red de distribución eléctrica en la Comunidad Valenciana como resultado del reparto del sistema acordado por el Gobierno central cuando inició la desregulación del sector. La planificación energética, que ahora compete a las comunidades autónomas, obliga a la Generalitat a pactar sus prioridades con la compañía eléctrica. Pero los objetivos trazados por García Antón para los próximos años se tradujeron ayer en una exigencia que Iberdrola asegura haber asumido.

El responsable de Energía recordó los recientes apagones en Nueva York y Londres para situar el problema y destacar la relevancia del sector energético. El informe que sometió al pleno del Consell apunta que el consumo eléctrico en la Comunidad Valenciana ha crecido un 60% en los últimos ocho años a una media anual superior al 7%. El aumento del consumo se asocia al bienestar de los hogares, pero su fragilidad es evidente.

El 41% de la energía eléctrica consumida en territorio valenciano en 2002 fue importada a través del sistema eléctrico español. Pero el Consell pretende dar la vuelta a la tortilla y aspira a exportar un 20% de la energía producida en la Comunidad Valenciana en 2007.

Las centrales de ciclo combinado que Iberdrola y Unión Fenosa construyen en Castellón y Sagunto, y la efectiva implantación del denominado plan eólico deben garantizar el suministro y los excedentes.

La prioridad actual, por tanto, son las redes de distribución. Las previsiones del gobierno autonómico incluyen 40 subestaciones transformadoras de alta a media tensión y hasta 2.800 centros menores de transformación; y más de mil kilómetros de nuevas tendidos de líneas de alta y media tensión. Unas prioridades que exigen el concurso de Iberdrola y explican el interés de la compañía eléctrica por ceder una porción relevante de su capital a las cajas de ahorro valencianas.

Los objetivos del Consell incluyen el apoyo a proyectos de generación de energías renovables más allá del plan eólico. García Antón apuntó que hacia 2007 un 10% de la energía consumida en la Comunidad Valenciana será de origen renovable. En la actualidad apenas el 3% del sistema se nutre de fuentes limpias.

El gas constituye la fuente del 27% de la energía que consumen los valencianos, un porcentaje que duplica la media española. La industria valenciana dispara la media puesto que se nutre en un 61% de gas, un dato que pone de relieve la pujanza del sector azulejero. Y las previsiones son buenas para el sector. La culminación de las obras de la regasificadora del Puerto de Sagunto que ejecutan Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa, debe satisfacer las necesidades del colector mediterráneo que se extiende desde la regasificadora de Barcelona hasta la de Cartagena. García Antón se permitió asegurar que "los grandes consumidores están cubiertos".

Todos los consejeros sometieron ayer sus proyectos inmediatos al pleno, según Alejandro Font de Mora, portavoz del Consell. Pero esas prioridades se desgranarán en las Cortes en las próximas semanas.

Rafael Blasco, consejero de Territorio, acompañó a Font de Mora y García Antón para presentar dos iniciativas impulsadas a raíz de los recientes incendios de Buñol y Chiva, y Benissa.

Blasco anunció dos decretos. El primero recoge normativas dispersas para establecer las posibilidades de actuación sobre superficies quemadas en una sola norma. Como novedad introduce la elaboración de informes periciales para intentar establecer las causas probables de cada incendio por parte de técnicos de la consejería que podrán ser utilizados para determinar responsabilidades civiles o penales si se da el caso.

Blasco subrayó que los dos últimos incendios en la Comunidad Valenciana fueron provocados por "gente que sabía muy bien lo que hacía".

El segundo decreto fija normas restrictivas para la contratación de cualquier trabajo en zonas forestales porque, como subrayó Blasco, "más del 12% de los incendios son debidos a la ejecución de obras en bosques o zonas colindantes".