La nueva Ley de Extranjería prevé que la policía tenga acceso directo al padrón

UGT denunció ayer la extrema dureza de la nueva reforma de la Ley de Extranjería que promueve el PP. El texto autoriza a los directores de los centros de internamiento a utilizar "la fuerza física" contra los extranjeros en caso "de alteración del orden y la seguridad" y prevé que la policía tenga acceso directo a los datos de empadronamiento de los inmigrantes. El centro de Protección de Datos ya ha advertido de que este apartado no es viable.

En un informe sobre el anteproyecto, el centro de Protección de Datos recuerda que los datos de empadronamiento municipal sólo pueden ser consultados "para finalidades semejantes a las previstas por el propio padrón: esto es, la determinación de la condición de vecino y de la residencia en el municipio". Cualquier persona, sea o no residente legal, está obligada a registrarse en el padrón, pero esta información "está protegida por la ley de protección de datos y únicamente se enviaba al Instituto Nacional de Estadística", recordó ayer Jesús Husillos, presidente de la Asociación de Ayuda Mutua al Inmigrante de Cataluña (AMIC-UGT).

Así, el anteproyecto ordena a los ayuntamientos que faciliten los datos de todos los extranjeros inscritos en el padrón municipal a la Dirección General de la Policía (DGP), y "habilita a los ministerios de Economía y de Interior para dictar las disposiciones que regulen las comunicaciones interadministrativas". Husillos, que llamó a los ayuntamientos "a la insumisión hacia esta medida porque atenta contra la intimidad de los ciudadanos", recordó que el empadronamiento permite que las familias inmigrantes en situación irregular accedan a la enseñanza o la sanidad pública, por lo que si se aprueba el proyecto "no podrán beneficiarse de estos servicios porque tendrán miedo de empadronarse".

Fuerza física

Otro de los puntos más polémicos de la reforma, que sería la cuarta auspiciada por el PP en tres años y a través de tres ministros del Interior diferentes, autoriza expresamente a los directores de los centros de internamiento de extranjeros a proporcionar castigos físicos si lo consideran oportuno. Así, el texto concede a los directores "la competencia para imponer el empleo de fuerza física o medidas de aislamiento a los internos que según los criterios del centro no respeten las normas de convivencia y de régimen interior". Husillos subrayó que pese a que el texto legal prevé que estas medidas "sean comunicadas a posteriori a la autoridad legal, que será la que deberá evaluar su oportunidad y proporcionalidad", este punto "va en contra de derechos fundamentales" y puede suponer abusos incontrolados. "Es como si dieran permiso para dar una paliza a los inmigrantes siempre y cuando ésta sea oportuna y proporcionada", ironizó Husillos.

El presidente de AMIC-UGT ya adelantó ayer que el sindicato presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo texto, que está en periodo de enmiendas hasta la semana próxima y que posteriormente debe ser discutido en el Congreso de los Diputados.