El nuevo equipo de gobierno de Marbella paraliza una obra que autorizó Julián Muñoz

El Centro de Mediación y Arbitraje declara improcedente el despido de Juan Antonio Roca

Marbella - 06 sept 2003 - 00:00CEST

El nuevo equipo de gobierno de Marbella paralizó el jueves las obras de un edificio de once alturas autorizado por el ex alcalde, Julián Muñoz, en una parcela situada a la entrada de Puerto Banús. Esta medida, con la que el gobierno local pretende demostrar la vuelta a la legalidad urbanística, choca sin embargo con la readmisión en Urbanismo de Juan Antonio Roca, hombre de la máxima confianza de Jesús Gil y uno de los interlocutores de la moción de censura contra Julián Muñoz, que fue despedido por el anterior regidor horas antes de que se firmase la misma.

El proyecto precintado por la Policía Local contemplaba la construcción de 11.416 metros cuadrados en un solar en el que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente solo permite 532 metros. El pasado 12 de febrero la comisión municipal de gobierno, presidida entonces por Julián Muñoz, otorgó una licencia de obras a la empresa Yambali 2.000 S.L. para la edificación de un inmueble de 114 viviendas en estos terrenos, calificados además por el PGOU como zona comercial y parques y jardines.

El convenio ratificado por el GIL el 25 de septiembre de 2002 incrementaba el volumen de edificabilidad del solar en más de un 2.000 % y fue denunciado en mayo pasado ante la Delegación de Obras Públicas por la entonces portavoz socialista, Isabel García Marcos. La edil expulsada del PSOE consideró que la promoción, denominada Crucero de Puerto Banús, incurría en una infracción urbanística muy grave.

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, confirmó también el regreso de Juan Antonio Roca tras reconocer el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) que se trataba de un despido improcedente, aunque negó que este retome sus funciones como gerente de Planeamiento 2.000, sociedad a través de la que el Ayuntamiento gestiona el urbanismo.

Por otro lado, los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Silvestre Puertas y Diego Lara, presentaron ayer una moción al Pleno para promover las medidas "necesarias" para que el gobierno municipal "acate el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 como única norma legal en materia urbanística".

El PA ratificará la suspensión

El Consejo Andalucista de Gobierno, el máximo órgano entre congresos del PA, ratificará el día 14 la "suspensión indefinida de militancia" de los tres concejales tránsfugas de Marbella -Carlos Fernández, María José Lanzat y Pedro Pérez- que firmaron la moción de censura contra el alcalde del GIL, Julián Muñoz, en contra de la posición del partido.

En este órgano, al que pertenecen Fernández y Lanzat, los expedientados podrán utilizar el trámite de audiencia y exponer sus razones, ya que, según el secretario general andalucista, Antonio Ortega, "todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario".

El PA mantuvo una posición cuando menos ambigua sobre la retirada de confianza a los tres ediles, alegando que sus estatutos no contemplan la posibilidad de expulsión, método que sí empleó cuando desmontó de un plumazo a su agrupación de Jerez, entonces la más numerosa de toda Andalucía, por apoyar al que fuera su cartel electoral, Pedro Pacheco.

Ortega aseguró ayer que su partido es una formación garantista, "todo lo contrario que el PSOE que abre expediente a Cristina Alberdi y le pide que entregue el acta sin esperar a nada más". En el PSOE el trámite para aprobar la expulsión definitiva puede durar un año.

Ortega se refirió a su ex compañero y diputado del grupo mixto Ricardo Chamorro, quien aseguró en el Parlamento que Ortega y el vicepresidente del PA, Miguel Ángel Arredonda, están metidos "hasta el fondo" en la trama de Marbella. "Pobre Chamorro", dijo, "para lo que ha quedado".

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