La promotora CPV contrató con la aseguradora Europa Cauzione sin exigirle ninguna garantía de solvencia

La Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de una estafa inmobiliaria a unas 1.200 familias en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, no exigió a la empresa que presentó como aval a sus clientes, Europa Cauzione, ninguna garantía de solvencia. Así lo explicó ayer el apoderado de la aseguradora, que compareció en calidad de testigo ante la juez suplente del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, Mercedes Gutiérrez. En su declaración, Alberto Antonio Cerdans sostuvo que CPV tampoco les exigió documentación que garantizase que podía operar en España, informaron fuentes jurídicas. Según dijo, como representante de Europa Cauzione entró en contacto con CPV a través del abogado de la promotora, Antonio Foncubierta -que testificará hoy- y que cerraron un acuerdo para suscribir una póliza por valor de 30 millones de euros, de los cuales un 5% -15 millones- servirían como comisión para Europa Cauzione. A su vez, de esos 15 millones, un 2% sería la comisión que cobraría el propio Cerdans, que no obstante tendría que repartir dicho beneficio con Enrique Martín, la persona que le puso en contacto con Antonio Foncubierta.

El testigo reconoció que todas las cantidades de pago pactadas verbalmente con CPV habían sido abonadas puntualmente por la promotora, aunque precisó que desconocía la procedencia de los fondos con los que dichas cantidades eran sufragadas. Cerdans puso de manifiesto ante la juez que antes de formalizarse el acuerdo, Europa Cauzione informó de sus datos registrales a CPV presentando un documento expedido en la Embajada de España en Italia -ya que la aseguradora tenía sede en este país- que supuestamente certificaba que la compañía estaba autorizada para operar en ese país. Según dijo, dicho documento avalaba a la entidad para poder actuar en todo el territorio de la UE, aunque mostró dudas a la hora de realizar dicha aseveración. Además, tampoco aportó ninguna copia de dicho aval. El testigo relató a la juez que en la firma de la póliza participaron los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez -ambos directivos de CPV- mientras que Foncubierta era quien mantenía los contactos con la aseguradora. Además, insistió en que el abogado no le exigió examinar la documentación del reaseguro.