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Un tribunal de EE UU anula un centenar de condenas a muerte

La resolución dice que son los jurados, y no los jueces, los que pueden decretar la pena capital

Son los jurados los que pueden condenar a muerte, no los jueces. Esta sencilla resolución del Tribunal Supremo de EE UU, adoptada el año pasado, fue la base de la decisión tomada ayer por un Tribunal de Recursos en San Francisco para invalidar un centenar de condenas a la pena máxima en Arizona, Idaho y Montana. ¿Por qué ha habido que esperar un año? Porque el alto tribunal no se tomó la molestia de explicar el alcance retroactivo de su resolución. Ahora, por ocho votos contra tres, la Corte de San Francisco aclara que todas las sentencias en las que hay penas capitales impuestas por jueces deben ser sustituidas por sentencias de cadena perpetua, porque, como escribió en el razonamiento el magistrado Sidney R. Thomas, la decisión del Supremo no fue baladí: "Cuando estableció que los jueces no pueden, constitucionalmente, decidir si los acusados pueden ser condenados a muerte, el Supremo alteró los principios básicos que se aplican en los juicios de pena máxima".

Cálculos de abogados defensores citados por la agencia AP creen que la resolución afecta a un centenar de casos. Sobre otros dos Estados -Nebraska y Colorado- que han autorizado a sus jueces a tomar decisiones relacionadas con la pena de muerte todavía no hay decisión adoptada. La resolución de San Francisco es recurrible ante el Supremo.

La anulación o conmutación de penas de muerte por errores o defectos de forma ha conocido, además de la de ayer, otras decisiones importantes. La que tuvo una repercusión más amplia fue la del gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, que en enero de este año conmutó las 156 sentencias de muerte que había en el Estado. Ryan adoptó la medida después de saber que 17 de los 156 habían sido exculpados después de apelaciones, nuevas investigaciones en sustitución de chapuzas legales o pruebas de ADN que demostraban la inocencia de los acusados.

El propio Supremo entendió también el daño irreparable que cuesta tener un abogado defensor incompetente cuando, en junio de este año, anuló una sentencia a muerte contra el asesino de una anciana en Maryland porque sus dos abogados no se habían molestado en informarse de las circunstancias atenuantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de septiembre de 2003