Ibiza reabre el litigo pesquero con Alicante con trabas a la flota

Las últimas restricciones del puerto de San Antonio (Ibiza) que limita a ocho el número de barcos alicantinos que pueden amarrar ha avivado un enquistado conflicto entre ambas flotas. Los alicantinos acusan a sus colegas insulares de dificultarles, con esta medida, el descanso y dar preferencia a los yates. Mientras, el Gobierno Balear dice que es una artimaña de la flota alicantina para esquilmar sus fondos.

Desde el colectivo pesquero balear se interpreta la petición de la flota pesquera alicantina de ampliar hasta 13 la cuota de barcos que pueden amarrar en el pequeño puerto de San Antonio (Ibiza) como una forma de "tensar la cuerda". "Ya es bastante que se les deja pescar para que encima exijan", declararon ayer fuentes de la Consejería balear de Agricultura y Pesca.

Las históricas fricciones entre ambas flotas volvieron a aflorar hace tres semanas. Según fuentes de la Federación Nacional de Cofradías, el último desencuentro obedeció a la negativa de los pescadores insulares a que atracaran 13 embarcaciones alicantinas, y sólo permitió el amarre de seis. Esta restricción provocó la irritación de la flota alicantina que ha reclamado la mediación de la Generalitat en este asunto. Los pesqueros alicantinos acusan a sus colegas de impedir a la tripulación acceder a puerto para descansar. "Hemos dado de plazo máximo hasta el jueves, si no, adoptaremos las medidas que estimemos", señaló Vicente Blasco, presidente de la federación.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de Baleares interpretan esta petición como una treta de la flota alicantina para apurar al máximo el tiempo de pesca y aumentar las capturas. "Es una manera de esquilmar nuestro fondos", apuntaron.

El número total de barcos de la flota alicantina que semanalmente puede faenar en aguas baleares asciende a 40. Estas embarcaciones pescan, basicamente marisco en aguas internacionales, a 150 metros de profundidad y a una distancia de la costa de entre 12 y 14 millas, mucho más lejos que los barcos baleares. Un decreto de la Consejería de Pesca de las islas, en vigor desde el 1 de noviembre de 1999, permite a la flota peninsular entrar en cualquier puerto sin determinar.

Fuentes de la Consejería de Baleares manifestaron que están dispuestos a dialogar, si bien "protegiendo al sector de las islas". Recordaron además a los pescadores de la provincia de Alicante su condescendencia con respecto a las multas que les fueron impuestas por incumplimiento de la norma, en 1997. El Gobierno de las islas perdonó 160 millones de las antiguas pesetas en concepto de las citadas actas.