Juicio en Brasil a una secta acusada de matar niños

Cinco miembros de una secta que asesinaba niños tras torturarles, sodomizarles y castrarles se sientan en el banquillo en Belém do Pará, al norte de Brasil. Son dos médicos, un ex policía, un acaudalado comerciante y una anciana que dice ser vidente.

Los crímenes ocurrieron entre 1989 y 1993 en Altamira, a 777 kilómetros de Belém. Las víctimas fueron chicos de entre ocho y 14 años. Cinco lograron huir. Las familias de las víctimas sostienen que fueron torturados hasta 19 menores. Muchos expertos opinan que sin la unión de las familias no se habría logrado llevar a juicio a los acusados. La policía, según los familiares, desestimó muchos casos alegando falta de pruebas.

La secta Lineamento Universal Superior (Lus) nació y fue desmembrada en Argentina tras un escándalo de estafa a sus seguidores, y pasó a Brasil clandestinamente. Su doctrina dice que los nacidos después de 1981 portan "energía nefasta" y deben ser exterminados; si esa eliminación fracasa, los fieles de la secta se tendrán que salvar de la destrucción de la Tierra escapando en una nave espacial.

Otoniel B., de 23 años, y Wandiclei O., de 22, declararon como testigos ayer con los rostros cubiertos y fuerte escolta policial. Relataron que, cuando tenían 10 y nueve años, fueron castrados en rituales presididos por Valentina de Andrade.

Esta mujer, que hoy tiene 73 años, es autora de un libro que se citará en el tribunal en el que se proclama a sí misma como María Magdalena y aconseja "vigilar a los niños, que son instrumentos inconscientes de la gran farsa denominada Dios y actúan como sus nefastos colaboradores".

Los testigos reconocieron al comerciante Amailton Madeira como una de las personas que vigilaban el desarrollo de los ritos y al ex policía Carlos Alberto dos Santos como quien les secuestró tras llevarles a un bosque a recoger fruta, y luego les drogó antes de ser castrados.

El martes comenzará el juicio contra los médicos Césio Caldas Brandâo y Anísio Ferreira de Souza, acusados de haber emasculado a los niños, y contra Valentina de Andrade.

Los fiscales piden penas que se elevan hasta 100 años de cárcel. La investigación policial comenzó hace 11 años.

El juicio se interpreta como un test decisivo sobre la capacidad de Brasil para hacer efectiva la justicia en remotas zonas habituadas a abusos de todo tipo. "Es un proceso muy importante, incluso si llega con 11 años de retraso", dijo Nilmário Miranda, secretario para Derechos Humanos del Gobierno. "Debemos congratularnos por el hecho de que el juicio se celebre: es de gran importancia simbólica". Miranda reconoció no obstante que "existen amenazas contra los testigos y necesitan protección policial".